Un grupo de más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de todo el país ha presentado una advertencia urgente ante el Senado de la Nación respecto al proyecto denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Según el documento difundido por este colectivo, la iniciativa establecería un marco de inversiones con beneficios fiscales y protección jurídica excepcional para corporaciones internacionales sin exigir, como contraprestación, la generación de empleo local o la transferencia de tecnología. Para la provincia de Córdoba, la preocupación es particularmente aguda, ya que entre los firmantes se encuentran docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC-CONICET).
De acuerdo con los antecedentes presentados en la carta abierta, el Súper RIGI amplía las bases del régimen aprobado anteriormente en la Ley Bases y establece excepciones para proyectos de inversión de al menos 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos como mega centros de datos de inteligencia artificial, minería, biotecnología e infraestructura digital. Los firmantes sostienen que este proyecto no es una simple ley de promoción, sino la «renuncia al derecho de regular sectores clave durante una generación entera».
En este escenario, la adhesión de Córdoba requeriría que la provincia se comprometa a no cobrar más del 0,50% de Ingresos Brutos a los proyectos incluidos y a resignar el cobro del Impuesto de Sellos por 30 años, lo que los autores del documento consideran una pérdida de autonomía fiscal y de capacidad regulatoria sobre el territorio.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, exsecretaria de Innovación Pública de Argentina y una de las firmantes de la carta, analizó las restricciones que este marco legal podría imponer sobre las jurisdicciones locales.
Sánchez Malcolm explicó que la aplicación del régimen en las provincias dependerá de que estas adhieran, pero advirtió que, una vez incorporadas, tendrán un margen de maniobra muy limitado para modificar las condiciones otorgadas a las empresas durante las tres décadas de vigencia. “El régimen no valida ni permite ninguna modificación ni proyección ni en términos de gravámenes, sellos, impuestos y reduce la tasa a cobrar de ingresos brutos por 30 años”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que cualquier cambio posterior en materia ambiental, impositiva o vinculado a nuevas demandas de la ciudadanía podría quedar condicionado por la adhesión al esquema: “Si llegaran a modificarse condiciones ambientales o impositivas o requerimientos de la ciudadanía, esto no se podría modificar en 30 años para las provincias que adhieran”.
Otro de los puntos señalados por Sánchez Malcolm es el margen de acción que tendrían la Provincia y los municipios frente a eventuales incumplimientos o situaciones de riesgo. La especialista sostuvo que, bajo el régimen, las autoridades locales no podrían intervenir de manera directa sobre un proyecto y deberían obtener previamente una resolución judicial. “Para cualquier medida que quiera tomar el municipio y/o la provincia (…) para poder interceder y ejercer algún tipo de decisión necesitan sentencia firme de la Justicia local”, afirmó.
A esto se suma, de acuerdo con su análisis, el régimen previsto para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras jurídicas mediante las cuales se desarrollarían las inversiones. Sánchez Malcolm advirtió que estas empresas podrían optar por tribunales internacionales para resolver eventuales controversias. “Tienen la posibilidad de elegir la corte internacional en la cual se llevarán adelante los litigios en caso de existir estos, pudiendo elegir incluso países donde funcionen sus casas matrices”, afirmó. Para la especialista, esta posibilidad plantea un escenario en el que la capacidad de respuesta de las autoridades argentinas y provinciales frente a un conflicto podría verse restringida.
Uno de los riesgos más concretos señalados para Córdoba se relaciona con la cuenca hídrica del Gran Córdoba y las Sierras Chicas, principal fuente de agua de la región. Los investigadores advierten en su misiva que infraestructuras de gran escala vinculadas a la inteligencia artificial demandan niveles masivos de consumo de energía eléctrica y agua para su enfriamiento. En este sentido, la carta advierte que el Súper RIGI podría habilitar instalaciones en zonas de recarga de acuíferos cordobeses sin evaluaciones de impacto ambiental vinculantes ni controles provinciales, dado que los proyectos estarían protegidos contra nuevas regulaciones por tres décadas.
A nivel productivo, los documentos indican que el ecosistema digital cordobés, compuesto por un consolidado cluster tecnológico y de software, quedaría desprotegido ante la llegada de capitales transnacionales que no están obligados a realizar encadenamientos con pymes locales ni transferencia de conocimiento. De acuerdo con el análisis de organizaciones, el proyecto aprobado en Diputados permite que las empresas operen en territorio nacional usando suelo y energía sin volcar beneficios proporcionales en la economía local, ya que cuentan con la libre disponibilidad del 100% de las exportaciones desde el primer día y exenciones totales de aranceles de importación para todos los bienes vinculados al proyecto.
Los firmantes también señalan una contradicción estratégica en el actual contexto del sistema científico argentino. Mientras se propone una alícuota de Ganancias reducida al 15% para grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras por 30 años, el presupuesto de instituciones clave como la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET sufre un deterioro sistemático. Los académicos argumentan que ningún país construye soberanía tecnológica desfinanciando la educación superior y expulsando al capital humano formado por el Estado mientras entrega recursos estratégicos. Según los datos del presupuesto 2025 mencionados en las fuentes, el financiamiento para ciencia y tecnología ha caído a niveles mínimos históricos.
Finalmente, la carta advierte que el Súper RIGI no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de una secuencia legislativa que incluiría la creación de sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial con personería jurídica plena. Los especialistas han denominado a esta combinación como «Impunidad Artificial», sugiriendo que permitiría a corporaciones operar sin control humano directo y bajo un blindaje de 30 años que impediría cualquier intento futuro del Congreso de imponer condiciones de transparencia o responsabilidad civil.
El proyecto será ahora analizado por el Senado de la Nación, donde los tres representantes por Córdoba —María Alejandra Vigo, Carmen Álvarez Rivero y Luis Alfredo Juez— deberán fijar posición sobre una iniciativa que podría tener impacto en la provincia. La comunidad científica les hizo llegar la carta para advertir sobre sus posibles efectos de largo plazo en el empleo, los recursos naturales y la capacidad de las jurisdicciones para definir sus propias políticas.
