En un giro inesperado del destino, el oficialismo ofreció a las fuerzas aliadas y dialoguistas un proyecto que toma en cuenta la mayoría de las pautas de la ley de Emergencia en Discapacidad, que la oposición busca prorrogar, con lo cual inclinó definitivamente la cancha a su favor de cara a la firma de dictámenes prevista para este miércoles en comisión.
Así las cosas, el Gobierno parece dispuesto a retroceder de manera categórica con lo que insinuó en el envío del Presupuesto: el desmantelamiento total del sistema de protección social de la Discapacidad.
El proyecto oficial
Entre otros puntos, el proyecto que La Libertad Avanza les hizo llegar a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas, de una veintena de artículos, mantiene el principio de nomenclador único; ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones; asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles; y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.
En el texto también se sostiene que “los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley serán afrontados con las partidas específicas”, las que “deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.
“El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de ministros, realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias durante el primer ejercicio de entrada en vigencia de la presente norma para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados”, se agrega.
Auditorías de los beneficios
Por otra parte, el proyecto crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del “debido proceso inclusivo”.
Además, se incorporará una cláusula transitoria para que se cumpla efectivamente con el cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
Lo que a priori se dejaría de lado en la redacción del dictamen del oficialismo es el análisis de costos de las prestaciones, y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad.
Para el oficialismo, este dictamen es “superador” porque le quita a la ley el carácter de “emergencia” que vuelve transitorio el régimen de discapacidad y lo convierte en una política permanente, sin fecha de caducidad.
La propuesta fue presentada formalmente por la tarde en una reunión que se llevó adelante en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados.
El rechazo peronista
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó con la reunión ya avanzada y avaló el curso de las negociaciones, que terminarán de tomar cuerpo este miércoles desde las 12 en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. Todos los bloques que asistieron a la reunión, sumado a Independencia (Tucumán) y Por Santa Cruz, firmarán el dictamen, lo que alcanzaría de sobra para ser el de mayoría.
Unión por la Patria, junto a un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el próximo 31 de diciembre.
“Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada”, confirmó el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano.
Si bien con este “plot twist” el Gobierno hace control de crisis y retoma la iniciativa en un tema tan sensible, en el que acumuló seis derrotas legislativas durante el año pasado, la situación amerita una lectura alternativa: que para evitar un nuevo revés tuvo que acogerse a la agenda de demandas que instaló con éxito la oposición.
El Gobierno cambia de estrategia ante el riesgo de una ola de juicios
