El Gobierno del Reino Unido emitió este martes nuevos gestos de desafío a los reclamos del gobierno argentino por la soberanía de las Islas Malvinas: publicó una guía oficial para empresas y particulares vinculados con el archipiélago, en la que garantizó su respaldo a las actividades económicas que desarrollan las empresas y rechazó las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.
El documento
El documento, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO), constituye la primera respuesta oficial de Londres al endurecimiento de las sanciones argentinas contra compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas.
Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
El gobierno británico también reafirmó su postura sobre la soberanía al señalar que considera a las Malvinas un territorio británico de ultramar y asegurar que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.
Respaldo y advertencias
En uno de los principales puntos del documento, el Gobierno británico advirtió que las empresas y particulares podrían recibir comunicaciones de las autoridades argentinas por sus actividades en las islas, pero sostuvo que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción ni aplicar su legislación interna sobre el archipiélago ni sobre quienes desarrollen negocios allí.
Además, destacó que las medidas argentinas aplicadas anteriormente no lograron frenar el crecimiento de la economía de las islas.
El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y establece que el FCDO está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.
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La medida se conoce mientras Milei avanza con nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para reforzar las herramientas destinadas a defender el reclamo de soberanía.
Dura respuesta del canciller Quirno
En respuesta, la Cancillería argentina expresó su «enérgico rechazo» a la publicación de la guía británica y reiteró que esas «actividades comerciales e hidrocarburíferas» son «ilegítimas», a la vez que enfatizó que «ninguna guía gubernamental extranjera» puede ubicarse por encima del derecho.
La medida se conoce mientras Milei avanza con nuevas sanciones contra firmas petroleras y el Gobierno argentino prepara un proyecto de ley para reforzar las herramientas destinadas a defender el reclamo de soberanía.
«Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas», afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien también habló de la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
«La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía», explicó el vocero, quien además sostuvo que «brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Va a proveer a nuestro país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orión y los nuevos aviones F-16«.
Nuevas imputaciones en la Justicia
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Gran Bretaña, que buscan petróleo en las aguas de las Malvinas.
También pidió investigar a toda persona física o jurídica que pudiera colaborar con el proyecto Sea lion por presunta violación de la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, con delitos potenciales que incluyen daño al medio ambiente, contrabando, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros.
Además, el fiscal solicitó al Gobierno toda la documentación respaldatoria de la denuncia que había presentado la semana pasada, con el objetivo de incorporarla a la causa que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. También pidió avanzar en la identificación de los accionistas y de las personas o empresas que pudieran prestar logística o asistencia a la búsqueda de hidrocarburos.
De esta manera comenzó la ofensiva judicial del gobierno de Milei contra las empresas que proyectan extraer petróleo de las aguas próximas a las Islas Malvinas antes de fin de año.
