Mientras el sentimiento por las islas explota en cada rincón de la Argentina —con la bandera de Malvinas flameando en los estadios, el guiño constante de los deportistas y un fervor popular que no afloja—, detrás de la mística hay un colectivo de soldados que sigue dando la batalla más difícil: la de los papeles y la memoria.
Lejos del bronce y de los homenajes de ocasión, la Asociación Civil Veteranos de Guerra TOAS 1982 – Concertación TOAS decidió llevar el reclamo al terreno donde las cosas se definen por escrito. A través de un amparo colectivo que hoy descansa en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, los excombatientes del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur buscan que los tribunales analicen si un decreto dictado entre cuatro paredes puede pasar por encima de una ley sancionada por el Congreso.
La discusión es profunda, pero se entiende fácil. En 1984, la Ley 23.109 reconoció el estatus de Veteranos a quienes custodiaron y defendieron el litoral marítimo patagónico durante el conflicto bélico. Sin embargo, en 1988, el Ejecutivo metió la mano mediante el Decreto Reglamentario 509/88, achicó la cancha y les borró de un plumazo el reconocimiento a miles de excombatientes.
Desde Concertación TOAS no buscan que un juez revise legajo por legajo ni haga interpretaciones a la carta. La demanda alude directamente al artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional: un decreto reglamentario jamás puede recortar, limitar ni desnaturalizar el espíritu de una ley aprobada por los representantes del pueblo.
El camino judicial, de todos modos, no viene siendo un paseo. Cada vez que los excombatientes tocaron el timbre de la Justicia, la respuesta del Estado se repitió casi de memoria: “no hay plata” o “el impacto presupuestario de las futuras pensiones sería inviable”. Con ese argumento de bolsillo, la jueza de primera instancia rechazó el amparo de entrada, sin siquiera abrir la discusión sobre si el decreto es inconstitucional o no, según declaran los reclamantes. Después vinieron las apelaciones, donde el expediente quedó enredado en una discusión técnica sobre cómo se cuentan los días con las notificaciones electrónicas.
Por eso la pelota está ahora en la cancha de la Corte Suprema. El Máximo Tribunal tiene en sus manos la decisión procesal para destrabar el expediente y permitir que, por primera vez en más de cuatro décadas, la Justicia argentina se expida sobre la validez de ese decreto recortador.
Sin respuestas definitivas de las sucesivas gestiones políticas ni de la actual, la Concertación TOAS decidió llevar la causa a la calle para sumar el apoyo de la gente. Los días 8 y 9 de agosto se realizará una Jornada Nacional de Recolección de Firmas en todo el país. En Córdoba Capital, la cita principal será este sábado 8 de agosto en la Plaza San Martín, de 10 a 13 horas, donde los vecinos podrán acercarse a rubricar el petitorio.
Toda la información sobre el avance del amparo y las mesas de recolección en los distintos puntos del país está disponible en el sitio web concertaciontoas.org y en las redes sociales de la entidad (@concertatoas).
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