La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió que Cristina Fernández de Kirchner no deberá afrontar el pago de 22.300 millones de pesos en el marco de una demanda civil vinculada a la causa Vialidad.
La decisión, adoptada en fallo dividido, se basó en la falta de una sentencia penal firme que permita responsabilizarla económicamente por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gestión. Según la mayoría de los jueces, avanzar en una condena civil de semejante magnitud sin ese antecedente resultaría improcedente.
Desde el kirchnerismo celebraron la medida y la calificaron como un nuevo revés al “lawfare” contra la ex mandataria. En contraste, dirigentes opositores cuestionaron lo que consideran un mensaje de impunidad.
Juristas consultados remarcaron que este tipo de demandas patrimoniales contra ex funcionarios son excepcionales y suelen enfrentar serias dificultades sin un fallo penal condenatorio.
El frente judicial de la ex presidenta, de todas maneras, no está cerrado. La causa Vialidad continúa su curso en la esfera penal y otros expedientes siguen activos en distintos tribunales.
En el plano político, el fallo podría reactivar a Cristina Kirchner como figura dentro del peronismo, mientras el oficialismo insiste en su agenda de reforma judicial. El debate sobre los límites de la responsabilidad civil de ex gobernantes, en tanto, vuelve al centro de la escena pública.
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