El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley que apunta a establecer un régimen específico para proteger a quienes adquieren viviendas “en pozo”, una modalidad que implica comprar inmuebles en desarrollo y con altos riesgos. La iniciativa se basa en experiencias internacionales de España, México y Estados Unidos, y complementa la Ley de Defensa del Consumidor.
Principales medidas
El proyecto propone que los fondos aportados por compradores se destinen exclusivamente a la obra comprometida, prohibiendo su uso en otros fines. Además, obliga a los desarrolladores a publicar balances anuales auditados y entregar informes trimestrales detallados sobre el avance y eventuales demoras en la obra.
También se establece la creación de un Fondo de Garantía, un seguro de caución equivalente al total de anticipos recibidos para asegurar la devolución del dinero ante incumplimientos. Otro punto clave es la implementación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, obligatorio para quienes realicen proyectos de inversión.
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Sanciones y penalizaciones
El proyecto contempla sanciones económicas por demoras injustificadas en la entrega y penas de prisión de 2 a 8 años por estafas o perjuicios económicos a través de engaño o abuso de confianza, con modificaciones propuestas al Código Penal.
Para Agost Carreño, “la falta de regulación específica ha permitido que desarrolladores inescrupulosos operen sin controles adecuados, poniendo en riesgo los ahorros y el bienestar de miles de familias”.
