En una sesión atravesada por intensas negociaciones políticas, el Senado aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para cancelar reclamos de dos fondos acreedores por US$171 millones, al tiempo que resolvió postergar el tratamiento de la denominada ley de «inviolabilidad de la propiedad privada», una de las reformas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La iniciativa vinculada a la deuda obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del próximo 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo alcanzado ante la Justicia de Estados Unidos.
El entendimiento contempla pagos por US$67 millones a Bainbridge Ltd. y US$104 millones a Attestor Value Master Fund LP., dos de los últimos acreedores que mantienen litigios abiertos derivados del default declarado por Argentina en 2001. Según el Gobierno, el acuerdo incluye una quita cercana al 30% respecto de los montos reclamados originalmente.
Argumentos a favor y en contra
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa al considerar que permitirá cerrar litigios históricos, levantar embargos sobre activos argentinos y mejorar la posición financiera del país.
El senador Agustín Monteverde, miembro informante del oficialismo, sostuvo que el acuerdo permitirá extinguir dos de las principales disputas judiciales pendientes y evitar nuevas acciones legales de los acreedores. Además, destacó que contribuirá a mejorar la reputación internacional de Argentina y facilitar futuras operaciones de financiamiento.
En la misma línea, la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que la aprobación permitirá «cerrar una herida de 25 años» vinculada a la crisis de deuda que derivó en el colapso económico de comienzos de siglo. También resaltó que el acuerdo contempla el levantamiento de medidas de embargo que pesaban sobre activos estratégicos como acciones de Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y YPF.
La oposición peronista votó en contra. El senador Jorge Capitanich cuestionó que el esquema termine beneficiando a los denominados fondos buitre y advirtió que genera tensiones con los principios promovidos por Argentina ante las Naciones Unidas para regular las reestructuraciones de deuda soberana. Por su parte, José Mayans, jefe del bloque justicialista, rechazó la iniciativa y acusó al Gobierno de profundizar problemas vinculados al endeudamiento.
Propiedad privada, para más adelante
Tras la votación sobre la deuda, el Senado resolvió aplazar el debate de la ley de propiedad privada. El proyecto introduce cambios de fuerte impacto en materia de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Entre otras modificaciones, elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros —aunque mantiene restricciones para Estados extranjeros—, establece procedimientos abreviados para desalojar inmuebles usurpados y redefine los criterios para declarar la utilidad pública en casos de expropiación.
La propuesta también modifica aspectos de la Ley de Manejo del Fuego al eliminar algunas restricciones temporales para el cambio de uso de terrenos afectados por incendios.
Fuentes parlamentarias señalaron que el texto sufrió cambios de último momento y todavía requiere consensos adicionales, motivo por el cual su tratamiento fue diferido para una próxima sesión. Mientras tanto, el acuerdo con los acreedores seguirá su recorrido legislativo en Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes de que venza el plazo acordado con la Justicia estadounidense.
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Para darle guita a los chorros todos están de acuerdo.