El aborto atraviesa un escenario de mayores diferencias entre provincias luego de que el Estado nacional dejara de comprar y distribuir desde 2024 los medicamentos destinados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Según Amnistía Internacional Argentina, las jurisdicciones asumieron parte de esa provisión con recursos propios, aunque con capacidades diferentes.
La organización indicó que la compra centralizada permitía reducir costos, planificar la distribución y coordinar la respuesta sanitaria en todo el país. Tras su discontinuidad, distintas provincias comenzaron a realizar adquisiciones propias y a intervenir para resolver dificultades vinculadas con medicamentos y atención médica.
Las diferencias también están relacionadas con la cantidad de población que depende exclusivamente del sistema público. De acuerdo con los datos difundidos por Amnistía Internacional, más del 50% de los habitantes de Chaco, Formosa y Santiago del Estero cuenta únicamente con cobertura pública, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la proporción es del 16,3%.
Faltantes de medicamentos y aumento de consultas
Durante 2025, Amnistía Internacional registró un incremento de consultas y denuncias relacionadas con obstáculos para acceder al aborto. La organización informó que recibió más de 400 consultas y denuncias durante ese período.
Además, señaló que los casos recibidos a través de su formulario online aumentaron más de un 300% respecto de 2024. Más del 65% de las personas que se comunicaron no sabía cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo.
Entre las situaciones relevadas aparecen casos en los que personas fueron derivadas a comprar medicamentos por sus propios medios ante la falta de disponibilidad en el sistema público. Amnistía indicó que los precios podían alcanzar los $300.000, lo que llevó a algunas personas a considerar préstamos o endeudamiento.
La organización también señaló que la falta de medicamentos disponibles puede incrementar los riesgos asociados a prácticas inseguras cuando las personas no pueden acceder a la atención correspondiente dentro del sistema de salud.
El caso de San Isidro
El informe también relevó situaciones que involucraron a adolescentes. Durante 2025, cerca de 70 personas de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por dificultades para acceder al aborto, aproximadamente el 17% de los casos recibidos.
La principal dificultad identificada fue la falta de información. La organización también vinculó el escenario con el debilitamiento de políticas de educación sexual y prevención del embarazo no intencional, entre ellas el Plan ENIA.
Otro de los casos mencionados corresponde al municipio bonaerense de San Isidro. Amnistía Internacional cuestionó un circuito de atención que, según su presentación judicial, incorporaba requisitos adicionales, entre ellos una consulta psicológica previa obligatoria y distintas instancias para ratificar la decisión.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el protocolo cuestionado. La organización informó que el 16 de septiembre presentó un pedido de ejecución de esa medida, al considerar que el municipio aún debía acreditar judicialmente su cumplimiento.
La información fue difundida por Amnistía Internacional Argentina en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
