En un informe sobre la situación epidemiológica de la justicia provincial, se observa que de un total de 8.452 empleados, el 2% está cursando la enfermedad del coronavirus, lo que representa 171 casos activos de Covid-19. De esos mismos, 109 tienen lugar en nuestra ciudad mientras que los restantes, 69, se dan en el interior. Hasta el momento, son 303 los casos acumulados, de los cuales 43% se recuperaron y dos fallecieron.
En lo que respecta a esta capital, el porcentaje de contagiados asciende a 3,20%, y en el interior a 3,21%. Detrás de Córdoba capital, con 181 casos tanto de activos como recuperados y fallecidos, se encuentra Río Cuarto con 36, seguido por San Francisco 14, Río Tercero 13, Villa María y La Carlota con nueve ambos y Río Segundo seis. El resto de localidades cordobesas oscilan entre dos y un caso.
Lo que sucede en La Carlota es particularmente alarmante si se tiene en cuenta que la sede judicial está conformada por 41 agentes, lo que implica que el 22% de los empleados se encuentran o se encontraron afectados por Covid. No obstante, desde el Poder Judicial destacan que los contagios dentro del espacio laboral son mínimos y que la mayoría de los casos nuevos surgen por contactos estrechos externos.
En este marco, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) declaró para hoy duelo en todas las sedes judiciales de la provincia, con motivo del fallecimiento del magistrado Luis Enrique Ramón Paoloni, presidente de la Asociación de Magistrados, luego de haber contraído Covid-19. El Alto Cuerpo dispuso que todos los edificios permanezcan cerrados en señal de duelo, sin actividad, salvo aquellos servicios de cobertura permanente”, como los que prestan la Morgue Judicial, las Unidades Judiciales, la Mesa de Atención Permanente Tribunales II dependiente de la Secretaria Penal del Tribunal Superior de Justicia, los servicios de guardia de la Dirección de Policía Judicial y los tribunales que se encuentren de turno con la modalidad de prestación de día inhábil. Asimismo, declaró durante la presente jornada la suspensión de todos los plazos procesales y administrativos que se encontraran en curso, salvo los actos que fueren válidamente cumplidos”.
