El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, junto con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa, anunció la puesta en marcha del Sistema Integral de Flagrancia (SIF), un nuevo esquema para el tratamiento de los delitos cometidos en flagrancia -es decir, cuando la persona es detenida en el momento del hecho-.
La medida, formalizada mediante el Acuerdo Reglamentario N° 1923, busca dar “una respuesta rápida, gradual y efectiva” a este tipo de casos, promoviendo la celeridad y la oralidad en los procesos judiciales.
Un cambio de estructura y enfoque
El nuevo sistema reemplaza al antiguo Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas (CRPPA) y crea una Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF) con dos sedes: Norte y Sur. La primera absorberá el 43% de la carga de trabajo y la segunda, el 57%.
El objetivo central es acelerar la investigación y decisión de los casos donde hay personas detenidas, concentrando esos expedientes en la Unidad Fiscal de Flagrancia. En cambio, los casos en los que el acusado recupera la libertad pasarán de inmediato a las Unidades Territoriales (UT), que continuarán con la investigación sin la presión de los plazos urgentes.
Una disposición especial se aplicará a los casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), todos serán derivados a la Sede Norte, con espacios y procedimientos adaptados para minimizar su permanencia en la sede judicial, siguiendo los estándares internacionales de protección de derechos.
Reformas basadas en resultados concretos
El nuevo modelo se apoya en experiencias piloto desarrolladas entre 2023 y 2024. Una de las más importantes fue el “Plan piloto de tramitación especial de casos de flagrancia mediante audiencias tempranas”, que permitió reducir los tiempos:
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Las declaraciones de los imputados se recibieron, en promedio, en tres días.
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Los casos se resolvieron en un promedio de 15 días.
Este plan demostró la eficacia de la intervención temprana de la defensa y la toma rápida de decisiones por parte del MPF.
Otro proyecto, centrado en la justicia restaurativa para delitos menores, derivó en la creación de la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA), que desde 2024 gestiona conflictos leves y promueve salidas alternativas al proceso penal tradicional.
Dudas sobre el personal y la implementación
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la reorganización del personal judicial. Los trabajadores del Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas serán redistribuidos entre las dos sedes del nuevo sistema, junto con refuerzos que se incorporarán según las necesidades.
Sin embargo, el propio documento reconoce que las cifras actuales son “estimaciones y proyecciones preliminares”, por lo que la cantidad real de personal necesario se evaluará más adelante. Esto deja abierta la incógnita sobre si el nuevo esquema implicará una expansión o solo una reasignación de recursos humanos.
La estructura del SIF también introduce nuevos roles, como el Titular de la Unidad Fiscal de Flagrancia, fiscales y secretarios coordinadores, además de equipos especializados en recepción, investigación y litigación. Las Defensorías Públicas Penales de Flagrancia atenderán de 8 a 22, garantizando asistencia inmediata a los detenidos.
Eficiencia vs. flexibilidad
El funcionamiento del nuevo sistema estará guiado por un Manual de Procesos de Trabajo, que detalla de forma minuciosa las tareas y responsabilidades de cada rol. Este documento, de cumplimiento obligatorio, busca garantizar la uniformidad en los procedimientos.
Sin embargo, algunos observadores advierten que tanta estandarización podría restringir la flexibilidad operativa, sobre todo en situaciones no contempladas en el manual o que requieran decisiones más creativas por parte de los fiscales.
Una apuesta a la modernización
Con el SIF, Córdoba avanzaría hacia un modelo de justicia más ágil y especializado, inspirado en los buenos resultados de sus pruebas piloto. La apuesta ahora será mantener esa eficiencia en un esquema más amplio y complejo, donde la velocidad de respuesta no dependa solo de la normativa, sino también de los recursos humanos y la coordinación entre las distintas áreas del sistema judicial.
