La Cámara Criminal de Deán Funes, en un fallo reciente, convalidó la absolución de un policía que ocasionó la muerte de un agresor durante un violento enfrentamiento armado. La decisión judicial respaldó plenamente los argumentos de la fiscal Carolina Elías, quien demostró que el efectivo actuó en cumplimiento de su deber. El trágico hecho ocurrió cuando el atacante, que violaba una restricción perimetral, efectuó disparos contra civiles y uniformados antes de ser neutralizado.
El tribunal local consideró que el policía implicado no es merecedor de una pena tras analizar las pruebas del caso. El agresor fallecido se encontraba desobedeciendo de forma reiterada una prohibición de acercamiento judicial hacia su expareja. Al momento de la intervención, el sujeto demostró una alta peligrosidad al atacar con armas de fuego a los presentes.
Los jueces coincidieron en que el uso racional de la fuerza es una herramienta legítima del Estado actual. Cuando un funcionario público actúa bajo los límites de la necesidad, su conducta no es antijurídica. Esta acción se encuentra plenamente autorizada por el derecho para restablecer el orden público alterado.
Bajo estos lineamientos jurídicos, el artículo 34 inciso 4° del Código Penal ampara este tipo de procedimientos. La legislación vigente excluye de criminalidad a quien obra en el legítimo ejercicio de su cargo. Para que esto aplique, la respuesta debe ser objetivamente necesaria para la función encomendada.
La resolución judicial destacó que no se puede exigir el uso exclusivo de balas de goma ante armas de fuego. El atacante ya había demostrado su disposición a matar tras disparar reiteradamente contra los efectivos. Imponer el uso de munición antitumulto en ese escenario hubiese sido un riesgo letal para el agente.
El ordenamiento jurídico actual de ningún modo impone a las fuerzas de seguridad una carga de sacrificio irrazonable. La racionalidad en el procedimiento no debe confundirse con la obligación de arriesgar la propia vida. El fallo de la Cámara de Deán Funes sienta un precedente clave para el accionar policial.
