La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de cuatro acusados por el secuestro extorsivo y asesinato de Santiago Aguilera, el joven de 18 años secuestrado en Villa Dolores en agosto de 2022 y hallado días después sin vida, con signos de violencia. El tribunal también ratificó la prisión preventiva para tres de los imputados y mantuvo el embargo millonario sobre sus bienes.
La resolución fue dictada por la Sala A de la Cámara Federal, integrada por las juezas Liliana Navarro, Carolina Prado y María Noel Costa, quienes rechazaron los planteos de las defensas y consideraron que existen pruebas suficientes para sostener la participación de Lucas Ramón Flores, Matías Nahuel Castro y Reinaldo Rubén Rejas en el plan criminal. En tanto, Carlos Eduardo Hualpa quedó igualmente procesado luego de que su apelación fuera declarada desistida.
Los cuatro están imputados como presuntos coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por las lesiones ocasionadas a la víctima y por haber causado intencionalmente su muerte, además del delito de robo en concurso real.
La segunda causa por el crimen
La resolución corresponde a la denominada «causa 2», que investiga a los presuntos integrantes de la banda que participó en el secuestro y homicidio de Aguilera.
En la «causa 1», Walter Gil, amigo de la víctima y empleado del corralón de la familia Aguilera, ya fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N.º 3 de Córdoba. Según la investigación, engañó a Santiago y lo entregó al grupo que planeó el secuestro para exigir un rescate a su familia.
La investigación también estuvo marcada por un grave error judicial. Julio Ramírez fue condenado inicialmente a 12 años de prisión con pruebas que luego se comprobaron falsas, luego de que se le atribuyera el acceso al correo electrónico y a la red Wi-Fi de la víctima durante el secuestro.
Posteriormente se determinó que esas maniobras habían sido realizadas por un empleado del entonces fiscal federal Enrique Senestrari, situación que derivó en el apartamiento del funcionario y en una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. La investigación quedó luego a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien impulsó la segunda etapa de la causa.
Las pruebas que sostienen los procesamientos
Uno de los principales elementos valorados por la Cámara fue el análisis de las comunicaciones telefónicas y la geolocalización de los celulares de los imputados. Según los informes del Departamento Antisecuestros de la Policía de Córdoba, los registros permitieron reconstruir la existencia de una estructura organizada con funciones distribuidas para ejecutar el secuestro y posterior homicidio.
La investigación ubicó a Lucas Flores y Matías Castro en la zona de Piedra Pintada durante la noche del 20 de agosto de 2022, el mismo sector donde horas más tarde fue encontrado el cuerpo de Santiago Aguilera.
Para los jueces, ese dato contradice la versión de Flores, quien había asegurado que se encontraba trabajando en Buenos Aires al momento del crimen, y coincide con la franja horaria establecida por los peritos forenses como la del asesinato.
Otro elemento considerado clave fue el testimonio de una vecina, quien declaró haber visto llegar una camioneta a la vivienda de Matías Castro durante la madrugada siguiente al crimen. Según su relato, dos hombres descendieron del vehículo visiblemente alterados y uno de ellos expresó: «Se nos fue todo de las manos».
La testigo sostuvo además que Castro pidió silencio para evitar que los vecinos escucharan la conversación y habría ordenado: «Borren todo de los teléfonos». Para la Cámara, esa presunta instrucción constituye un fuerte indicio del intento de eliminar pruebas y obstaculizar la investigación.
Los magistrados también señalaron que los imputados mantenían reuniones frecuentes en un taller mecánico de Villa Dolores, propiedad de Reinaldo Rejas y su hijo Lucas, donde, según la pesquisa, se habrían coordinado los preparativos del secuestro junto a Walter Gil.
Un plan organizado
En su resolución, la Cámara concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un plan criminal organizado, con división de tareas y coordinación entre sus integrantes. Los investigadores detectaron contactos permanentes entre los acusados antes, durante y después del cautiverio de la víctima, además de movimientos considerados sospechosos tras el hallazgo del cuerpo y durante los primeros allanamientos.
Entre esos indicios, la Justicia destacó que Lucas Flores habría intentado vender de manera urgente un Fiat Duna pocos meses después del crimen, un vehículo cuyas características serían compatibles con las huellas encontradas en el lugar donde fue abandonado el cadáver.
Al confirmar la prisión preventiva, las juezas sostuvieron que persisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad de los delitos imputados, la expectativa de pena y la posibilidad de que los acusados influyan sobre testigos en una comunidad pequeña como Villa Dolores.
Con esta resolución, la investigación encabezada por el fiscal Maximiliano Hairabedian avanza hacia su etapa final con el objetivo de elevar la denominada «causa 2» a juicio oral, mientras Walter Gil continúa cumpliendo la condena a prisión perpetua por haber entregado a Santiago Aguilera a la banda que lo secuestró y asesinó.
