Dicen que nunca deben revelarse las estrategias, para que nadie se oponga a ellas, pueda identificarlas y reaccionar en su contra. La mejor forma de ocultarlas es introducirlas tímidamente en una enorme cantidad de medidas tácticas que ocultan, cual manada, a las que verdaderamente les sobrevivirán como estrategias.
El DNU 70/2023 deroga o modifica más de 300 leyes, y se supone que no será aprobado, ni aún con las facilidades que otorga al Poder Ejecutivo la ley que lo legisla –un regalo del kirchnerismo a todos los gobiernos que lo suceden- que hoy se ve como inaceptable en un régimen republicano que reivindica la división de poderes.
Por otro lado, la “ley ómnibus” -351 páginas y 664 artículos- incluye aquellos aspectos que indudablemente no pueden ser incluidos en un DNU –cuestiones penales, tributarias, electorales o de partidos políticos- pero reitera algunos temas del DNU y claramente beneficia a algunas empresas (que han puesto sus equipos jurídicos para redactar ambas normas), que no han seguido los procedimientos administrativos requeridos.
Mientras tanto, aún no se ha presentado el presupuesto 2024, y se ha prorrogado el de 2023, que es más que suficiente para “presionar” –lo que muchos consideran una “extorsión”- a los legisladores, tanto para aprobar el DNU, como hacerlo con el contenido de la ley ómnibus.
Si se observa esta táctica, se revela que es la misma que se utilizó durante la campaña en redes sociales, en donde la sobreabundancia de información impidió el escrutinio de la ciudadanía, al punto que todavía se escucha que “dijo todo lo que iba a hacer”, aunque varias veces se desdijo, se hicieron afirmaciones contradictorias y, por supuesto, no ajustó a “la casta”, como anunciaba.
Esa táctica de sobreinformación se ha mostrado efectiva para que cada medio pueda “elegir” qué replicar, y, por supuesto, cada ciudadano pueda ver lo que quiere ver, que no casualmente coincide con lo que le agrada o desagrada, lo que no sólo incluye a los “distraídos”, sino también a los más informados y a los dirigentes opositores que no logran acuerdos sobre lo que es descartable, lo que es intrascendente y lo que es estratégico.
Inclusive en todos los medios –oficialistas y opositores- se sigue mezclando el contenido del DNU, que no puede ser debatido y sólo se puede aceptar o rechazar –mientras tanto, mantiene su vigencia y puede generar derechos adquiridos- y la ley ómnibus cuyo tratamiento será largo y laborioso.
De ese modo, el gobierno pretende ganar tiempo generando títulos “para todos y todas”, mientras prepara su verdadera estrategia, sin que todavía se revele mucho de ella. Para poder identificarla, es necesario ver cuáles son los funcionarios que designa –aunque algunos pueden ser fusibles intercambiables- y quiénes son sus patrocinadores, fundamentalmente aquellos que pueden estar consolidando derechos que surgen del DNU y que serían irreversibles si se rechazara (lo que parece verosímil desde marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso).
Entre ellas, podemos mencionar la Ley de Alquileres –para quienes deban firmar contratos en estos días-; ley de Tierras –para extranjeros que las adquieran-; ley para la fijación de haberes de jubilados y pensionados, que podrían no recibir los ajustes en medio de una inflación explotada; ley que establecía la doble indemnización en casos de despido de trabajo no registrado, si fueran despedidos durante la vigencia del DNU; Decreto-Ley 12.507/56, de Política Nacional Aeronáutica, para las empresas privadas que se constituyan durante su vigencia; entre otras.
Algunas otras permiten que el Poder Ejecutivo pueda ir preparando las condiciones para hacerlas efectivas, como las de la actividad minera –litio, cobre- cuyos contratos se firmen durante la vigencia del DNU, la emisión de Obligaciones Negociables registradas en Wall Street por el BNA, que la convertiría en una entidad controlada también por EEUU, y, por supuesto, mucho más fácil de privatizar y cuyo valor de mercado se estima en 25.000 millones de dólares.
Demás está decir que muchos otros aspectos sólo requieren simples decretos, como las retenciones, las modificaciones presupuestarias, la quita, congelamiento o reducción de subsidios, aportes discrecionales a las provincias, etc.
Así planteada la táctica, no parece que el desorden sea un problema sino una intención deliberada.
En esa marabunta –que es una población masiva de hormigas que devoran todo- las estrategias pasan por extranjerización de la economía bajo la tutela de empresas argentinas internacionalizadas (Techint, Globant, Mercado Libre, Farmacéuticas, Ledesma, grandes alimenticias), de recursos naturales (minerales, petróleo y gas, campos fértiles, con agua dulce y protegidos) en donde las empresas públicas son una barrera infranqueable para maximizar los beneficios.
El problema mayor que encuentra el gobierno es que, tras la devaluación del 118%, la anunciada devaluación del 2% mensual, podría implicar la necesidad de una nueva devaluación importante si no se obtienen muchos dólares vía exportaciones, créditos multilaterales y emisiones de deuda, que permitan hacer frente a las obligaciones externas, lo que aceleraría nuevamente la inflación tras los aumentos de combustibles, tarifas, servicios de salud, educación, telecomunicaciones, etc.
Así, marzo o abril podrían ser una nueva etapa devaluatoria sin que se hayan concretado muchas de las exigencias de los acreedores externos para otorgar financiamiento adicional, aún si se produce, como se anuncia, un aumento sustancial de las exportaciones agrícolas.
