El gobierno de Javier Milei avanza con su plan para reducir el Estado y reformar las nueve empresas públicas que pretende privatizar de forma total o parcial en caso de que, finalmente, consiga los apoyos en el Congreso para sancionar las reformas económicas de la Ley Bases.
En las últimas semanas, comenzó a preparar el terreno para la ola privatizadora al intensificar su política de recortes de gastos en empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, AySA, Trenes Argentinos o el Correo. El objetivo a largo plazo es lograr su privatización, aunque por ahora el Gobierno activó miles de despidos de personal y abrió programas de retiros voluntarios para achicar las plantas de las nueve compañías, cuyo personal abarca unos 70.000 empleados.
Un ejemplo es Correo Argentino, donde el Gobierno tiene abierto hasta el viernes un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para los empleados, en el marco de “un plan de reestructuración” que implica “una reconversión del modelo de negocio de la empresa”, según informó su titular, Camilo Baldini. Hasta ahora aceptaron el retiro voluntario 2.000 empleados, mientras que a otros 1.100 no les renovaron los contratos. Representan casi el 20% de la planta de personal, que era de 16.850 empleados. El Gobierno proyecta más de 7000 despidos en la empresa.
En Aerolíneas Argentinas, a su vez, la gestión de Fabián Lombardo apunta a reducir un 50% del “déficit operativo” de 2023 con fuertes recortes de costos. Para reducir la plantilla de personal -unos 11.000.000 empleados-, Lombardo accionó un régimen de retiro voluntario y acuerdos “prejubilatorios” que hasta ahora alcanzó a unos 200 trabajadores. La medida obligó no obstante a cancelar “rutas deficitarias” como Nueva York o La Habana.
Las autoridades de AySA también implementaron planes de retiros voluntarios o despidos con el objetivo de obtener una “mejora operativa del orden del 20%” y un ahorro de $ 100.000 millones para fin de año. AySA tiene un plantel de alrededor de 7.000 empleados, de los cuáles apenas 754 personas ya iniciaron el trámite de retiro.
El Gobierno avanzó también en reconvertir dos empresas estatales cruciales para el transporte: Sofse, que administra las líneas de trenes del AMBA y de larga distancia, y el Belgrano Cargas. Fuentes oficiales señalan que por el momento no hubo despidos masivos en Sofse y Belgrano Cargas pero sí abrieron desvinculaciones “vinculadas a temas puntuales”. Revelaron además que evalúan disminuir un 15% el personal de ambas firmas, que emplean a más de 28.000 personas. El Ejecutivo sí impulsó recortes en las plantillas de trabajadores de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), lo que generó una fuerte polémica por el choque de trenes en Palermo, que pudo haber terminado en tragedia y que los sindicatos adjudican al recorte de personal y el vaciamiento de la caja para sostener el funcionamiento del servicio.
Protesta en el Inadi ante las expulsiones
Los trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se concentraron ayer en la sede porteña del organismo, luego de que el lunes a la noche recibieran vía mail la notificación de 120 despidos.
“La mayoría de los despedidos pertenecen al colectivo LGTBIQ+ e incluso, también, hay una persona con discapacidad”, aseguraron los trabajadores del instituto.
El pasado 22 de febrero el Gobierno nacional había anunciado el cierre del Inadi y el traspaso de las funciones del instituto al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona.
La Policía Federal impidió el ingreso de los empleados al edificio, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que “avanza el desguace del Estado”.
