El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, se pronunció ayer sobre la indemnización de 76 millones de pesos aprobada para la familia de Ricardo Fermín Albareda, en medio de un contexto de controversia tras la muerte del ex policía durante la última dictadura cívico militar.
Durante un procedimiento en Villa Allende, Quinteros aclaró que el resarcimiento fue solicitado por la viuda y el hijo de Albareda, quienes presentaron un expediente en base a la ley sancionada el 22 de marzo de 2023. «Acá hay que aclarar una cosa muy simple, son $ 76 millones a la viuda y al hijo, que fueron quienes fueron los solicitantes del subsidio en el expediente. La ley generó, por supuesto, que se pudieran peticionar derechos como el Estado Policial que presentó el hijo de Ricardo Fermín Albareda», expresó Quinteros, defendiendo la legitimidad del pago realizado.
«Se hizo un pago que está absolutamente legítimo. Se hizo en realidad, no se procedió al pago por esta situación desgraciada que sucedió hace dos semanas. Hicimos todo lo que corresponde por ley, todo lo podemos acreditar», aclaró el funcionario en diálogo con Cadena 3.
El ministro también respondió a las declaraciones de su par de Desarrollo Humano, Liliana Montero, quien había afirmado que la mencionada ley no prevé un resarcimiento económico. Sobre el particular, Quinteros argumentó: «Tampoco lo prohíbe, todo lo que no está prohibido está permitido».
Además, Quinteros manifestó que no tiene inconvenientes en comparecer ante la Unicameral cordobesa para explicar la situación, en respuesta a los pedidos de los legisladores de la oposición. «Estamos absolutamente tranquilos que hicimos todo lo que corresponde, todo lo que corresponde por ley», concluyó.
Pese a que la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad en marzo de 2023 la ley que permite la reparación de los legajos laborales de agentes de la administración pública provincial que desaparecieron o fueron asesinados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura, hasta ahora la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia recibió una única solicitud de reparación. Es la que corresponde a Albareda.
Con ese acto habría comenzado la secuencia que terminó a principios de agosto en el asesinato de la viuda de Albareda, Susana Montoya, a manos de su hijo Fernando Albareda, detenido como único responsable de ese crimen. La indemnización de 76 millones de pesos que la familia reclamó a la Policía tras ese reconocimiento sería una de las causas de ese desenlace.
Según lo que se informó desde la Provincia, se trató de la única actuación en el marco de la ley 10.874 de reparación de legajos. El juicio por la causa Albareda fue paradigmático en la Justicia Federal de Córdoba, ya que permitió visibilizar el accionar represivo de la Policía, particularmente del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, D2.
El subcomisario y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Ricardo Fermín Albareda, fue secuestrado en Cruz Roja y Nores Martínez por personal del D2 y llevado a la denominada Casa Hidráulica, ubicada en márgenes del lago San Roque, donde lo torturaron brutalmente hasta su muerte, en la sospecha de que mantenía contactos con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Por esos hechos, en 2009 fueron juzgados y condenados Luciano Benjamín Menéndez (prisión perpetua), Rodolfo Aníbal Campos (prisión perpetua), Cesar Armando Cejas (prisión perpetua), Miguel Ángel Gómez (16 años) y Calixto Flores (absuelto primero y luego condenado a seis años). Con ese antecedente judicial, la Provincia consideró que correspondía la reparación del legajo del subcomisario Albareda.
El juecismo pide explicaciones en la Legislatura
El bloque de legisladores del Frente Cívico presentó un pedido de informes para que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, comparezca en la Unicameral y brinde información detallada sobre aspectos vinculados a la indemnización otorgada a Susana Beatriz Montoya, viuda del desaparecido subcomisario Ricardo Fermín Albareda, y a su hijo Fernando Albareda.
La bancada juecista, que es especialmente crítica con Quinteros, atribuye a unas declaraciones de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, el supuesto cuestionamiento de la legalidad de la indemnización que ordenó pagar Quinteros.
En realidad, Montero informó que en torno del caso Albareda hubo dos actos distintos. Por un lado, un decreto firmado por el gobernador Llaryora –junto a la propia ministra y a Quinteros– mediante el cual se ordena la reparación histórica del legajo de Ricardo Fermín Albareda, que era subcomisario de la Policía de Córdoba al momento de ser secuestrado, ferozmente torturado, asesinado y desaparecido por el comando D2 de la propia Policía.
Eso, en función de la ley 10.874, aprobada por unanimidad por la Legislatura en 2023. El segundo acto, que es al que apunta el juecismo, es una resolución firmada solo por Quinteros, que en virtud de otra ley vinculada a la Policía de Córdoba, otorga un ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio. Según esa resolución, tras el ascenso post mortem corresponde el pago del subsidio previsto en el artículo 114 de la ley 9728.
