La situación legal del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas. El juez federal Ariel Lijo analiza convocarlo a declaración indagatoria antes del comienzo del receso invernal, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y supuestos desvíos de fondos.
En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py existe una fuerte expectativa ante la determinación que tome el magistrado. En el ámbito judicial se interpreta que un llamado a indagatoria representaría un progreso sustancial en el expediente, lo que refleja que existen indicios válidos sobre la concreción de actividades ilícitas.
Por este motivo, el juez se encuentra a la espera de los informes correspondientes a las recientes medidas de prueba, dispuestas en conjunto con el fiscal Gerardo Pollicita, para resolver si efectiviza la citación del funcionario nacional.
El viaje a Uruguay y las contradicciones que complican al funcionario
El núcleo principal de la investigación se centra en los vínculos entre Adorni y el productor de televisión Marcelo Grandio, dueño de la empresa Imhouse. Específicamente, la Justicia busca determinar quién financió un viaje que el jefe de ministros realizó con su grupo familiar a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de una aeronave privada.
A pesar de que el integrante del Gabinete ratificó en reiteradas ocasiones que costeó el traslado con sus propios ahorros, diversas pruebas documentales contradicen su postura. El operador aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró en la causa y complicó la situación del funcionario al asegurar: “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”.
De acuerdo con las constancias del expediente, la firma Alpha Centauri facturó el viaje de ida a nombre de la productora Imhouse, mientras que el trayecto de regreso se facturó luego por un valor de 3000 dólares directamente a Grandio.
Cruces telefónicos y contratos bajo la lupa de la TV Pública
En consonancia con estas pesquisas, el juzgado dispuso un entrecruzamiento de llamadas entre las líneas telefónicas de Adorni, Grandio y Horacio Silva, este último socio fundador de Imhouse. Según datos obtenidos por la Agencia Noticias Argentinas, se busca comprobar si existieron contactos telefónicos que coincidan temporalmente con la adjudicación de convenios entre la productora y la TV Pública.
Asimismo, los peritos analizan los datos de geolocalización de los teléfonos celulares para reconstruir posibles reuniones presenciales. Entre las producciones que se encuentran bajo sospecha estatal figuran ciclos de streaming, radio y televisión como:
“La caja de Pandora”
“Giros en Línea Recta”
“Enredados”
“La Sala”
“Gritalo Mundial” (programa que cuenta con la conducción del propio Grandio)
Sombras sobre el patrimonio y una costosa remodelación
Por otra parte, las autoridades judiciales pusieron el foco sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. La atención está dirigida hacia una propiedad que adquirió en el country Indio Cuá, situado en la localidad de Exaltación de la Cruz.
La documentación detalla que el inmueble se escrituró en noviembre del año pasado por un monto cercano a los 120.000 dólares. No obstante, a esa cifra se le sumaron presuntos desembolsos por 245.000 dólares destinados a equipamiento y refacciones edilicias integrales, de las cuales una parte se habría ejecutado de manera informal y sin facturas.
Frente a este escenario, los encargados de la investigación detectaron una incompatibilidad entre los ingresos declarados por el colaborador presidencial y el nivel de erogaciones registrado, un cuadro que se complejiza aún más al considerar los créditos hipotecarios vigentes que posee para costear operaciones inmobiliarias.
Presunto uso indebido de las fuerzas de seguridad
Finalmente, la Justicia sumó otra línea de investigación vinculada al aparente uso de efectivos de la Gendarmería Nacional para la custodia del ingreso al barrio cerrado donde habita el funcionario.
Si se logra ratificar que los uniformados fueron destinados a brindar seguridad de carácter privado y por fuera de sus responsabilidades institucionales, Adorni podría afrontar cargos por el delito de peculado, debido a la utilización irregular de recursos pertenecientes al Estado.
