El Colectivo Federal de Emergencia en Discapacidad convocó a una movilización nacional para este miércoles 9 de septiembre, día en que la Cámara de Diputados tratará el proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793. En Córdoba, la concentración será a las 12 en Plaza San Martín, donde se realizará una clase pública y posteriormente una vuelta alrededor de la plaza. La iniciativa se replicará en distintos puntos del país.
La convocatoria reúne a personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones y tiene como principal objetivo reclamar a los diputados que concurran al recinto, den quórum y acompañen la continuidad de la emergencia. Desde el colectivo también pidieron especialmente a los legisladores que se abstuvieron en la sesión anterior que esta vez acompañen el proyecto.
Patricia Giussani, integrante de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), explicó a Hoy Día Córdoba que la movilización busca ejercer presión sobre el Congreso ante la importancia que tiene la continuidad de la normativa para las personas con discapacidad y sus familias.
“Lo que buscamos es insistir, instar, presionar, exigir a los diputados primero que bajen a dar quórum, que cumplan con sus obligaciones”, sostuvo. En esa línea, remarcó que el reclamo alcanza a todos los legisladores, independientemente de su posición frente al proyecto. “Los que apoyan la ley obviamente, los que no lo apoyan, que tengan la dignidad y la decencia de bajar a discutir”, afirmó.
Según explicó Giussani, la Ley 27.793 funciona actualmente como una herramienta para realizar reclamos administrativos y judiciales vinculados con el acceso a derechos y prestaciones. Aunque cuestionó que la norma no haya sido implementada de manera integral, consideró que mantenerla vigente permite continuar exigiendo su cumplimiento, y señalo: “La ley se cae en diciembre del 2026. Si bien la ley no se cumplió en su totalidad, sino que se cumplieron algunas cosas a cuentagotas, el tener la ley nos permite exigir, hacer amparos, tomar acciones, todo tipo de acciones legales y políticas”.
La referente advirtió que una eventual caída de la emergencia dejaría sin ese respaldo a numerosos reclamos. “La mayoría de los amparos que se han presentado se fundamentan en la 27793. Entonces, que la caída de la ley nos deja en el aire”, agregó.
Pensiones y prestaciones
Uno de los principales puntos señalados por Giussani es la situación de las pensiones no contributivas por discapacidad. Según afirmó, existen personas que llevan alrededor de dos años esperando una respuesta después de haber presentado la documentación necesaria para acceder al beneficio.
La integrante de ATI mencionó además cifras que, según recordó, fueron expuestas por el entonces jefe de Gabinete, Adorni, ante la Cámara de Diputados. “Habían dado de baja más de 100.000 pensiones no contributivas y de alta 3.000 aproximadamente”, afirmó.
También cuestionó el monto de las pensiones que reciben quienes ya cuentan con el beneficio. Según explicó, están vinculadas al valor de la jubilación mínima pero siendo el 70% de la misma, por lo que la situación de los jubilados también repercute directamente sobre las personas con discapacidad.
Otro de los reclamos está dirigido a los prestadores del sistema de discapacidad. Giussani sostuvo que la Ley de Emergencia contemplaba una compensación para afrontar las pérdidas registradas durante 2024, pero que esa recomposición no se concretó. “Les han ido dando aumentos por goteo, pero esa compensación de emergencia nunca se dio y se puede con esta ley seguir exigiéndola”, afirmó.
A su vez, vinculó las dificultades de financiamiento del sistema con la situación del empleo formal. Explicó que buena parte de los recursos destinados a las prestaciones proviene de los aportes de trabajadores activos y que la caída del empleo registrado y de los salarios impacta sobre esa recaudación.
Demoras en estudios y medicamentos
Giussani también apuntó contra las demoras en prestaciones vinculadas con Pami e Incluir Salud. Según relató, existen dificultades para obtener autorizaciones de estudios, tratamientos y medicamentos, lo que puede extender durante meses procesos que requieren respuestas rápidas. “Estudios que debían hacerse en tres meses para llegar a un diagnóstico se tarda un año y medio en hacerlo”, afirmó, y sostuvo que las demoras también alcanzan a la provisión de medicamentos.
En este contexto, señaló que muchas familias terminan recurriendo a la Justicia mediante acciones de amparo: “La justicia está colapsada porque el número de amparos es impresionante, cuadruplica los de dos años atrás. Entonces lo que debería tardar 6 a 8 días tarda 6 meses”.
Frente a este escenario, el Colectivo Federal invitó a la ciudadanía a acompañar la movilización y a expresar públicamente su respaldo a la prórroga. La organización pidió también enviar adhesiones, videos y comentar en su Instagram @emergenciadiscapacidadfederal. En Córdoba, la cita será este miércoles a las 12 en Plaza San Martín. “Esperamos que sea multitudinaria y que sea federal”, expresó Giussani.
Y cerró con un llamado a ampliar la participación: “Necesitamos hacer presión, porque en este momento nada, pero nada se mueve a favor de la gente sin presión”.
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