La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), recibirá una indemnización mensual de 17.562,80 reales (unos US$3.282,77), además de 6,6 millones de reales (unos US$1,23 millones) en concepto de pagos retroactivos, por la persecución política que sufrió durante la dictadura militar (1964-1985).
La medida fue publicada este martes por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía en el Diario Oficial. La resolución, que cumple una determinación judicial, establece una reparación económica mensual, permanente y continuada, en reemplazo de la modalidad de pago único que se había aprobado inicialmente.
En mayo de 2025, la Comisión de Amnistía reconoció por unanimidad a Rousseff como amnistiada política y aprobó una reparación económica en un solo pago. Sin embargo, en cumplimiento de una decisión judicial, el Gobierno modificó el esquema y dispuso una compensación mensual, además del pago de los montos retroactivos.
Rousseff fue detenida en 1970, a los 22 años, cuando integraba la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares), una organización de resistencia armada contra la dictadura militar. Permaneció encarcelada durante casi tres años y fue sometida a torturas físicas y psicológicas, entre ellas descargas eléctricas y prácticas de ahogamiento.
Tras recuperar la libertad, se mudó al estado de Rio Grande do Sul y, en 1975, comenzó a trabajar en la Fundación de Economía y Estadística. Dos años después, fue apartada de la institución luego de que su nombre apareciera en una lista de personas señaladas como “comunistas infiltradas en el gobierno”.
La solicitud de amnistía política fue presentada en 2002, pero el trámite quedó suspendido a pedido de la propia Rousseff durante su paso por el Gobierno Federal y la Presidencia, que ejerció entre 2011 y 2016.
Actualmente, la ex mandataria preside el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), conocido como el Banco de los BRICS, con sede en Shanghái, China.
