La crisis financiera de Ueno Bank abrió un nuevo frente institucional en Paraguay. Legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaron este miércoles ante la Cámara de Diputados una acusación para iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, a quienes responsabilizan por las consecuencias de la intervención de la entidad, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus fondos.
El documento, respaldado por 35 firmas, fue presentado por los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para este jueves. La iniciativa se ampara en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y acusa a ambos mandatarios de mal desempeño de sus funciones, además de señalar presuntos conflictos de intereses, irregularidades regulatorias y responsabilidades institucionales en el caso.
La crisis comenzó el 2 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el proceso de resolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La entidad, que tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes, quedó con sus operaciones restringidas. La medida provocó largas filas en las sucursales y protestas en Asunción.
La preocupación también se extendió a los fondos públicos: Ueno administraba depósitos estatales por unos 850 millones de dólares, incluidos aproximadamente 380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS). En paralelo, el Senado aprobó adelantar el pago a los ahorristas y el Gobierno impulsó una ley para facilitar la devolución de parte de los fondos de garantía.
Los argumentos del pedido y los votos necesarios
El libelo acusatorio contra Peña reúne cinco ejes de cuestionamiento, entre ellos presuntos conflictos de intereses por su vínculo anterior con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y la concentración de fondos públicos del IPS en la entidad. En el caso de Alliana, los legisladores le atribuyen gestiones para proteger al banco desde el ámbito legislativo y avalar la colocación de recursos previsionales. Se trata de acusaciones formuladas por los impulsores del juicio político, que deberán ser tratadas en el Congreso.
Para que el proceso avance, la Cámara de Diputados necesita al menos 53 votos sobre un total de 80 integrantes. Si alcanza esa mayoría de dos tercios, la acusación pasará al Senado, donde se requieren 30 votos de los 45 miembros para declarar la culpabilidad y destituir a los mandatarios. Por el momento, las 35 firmas reunidas para el pedido contra Peña no alcanzan el número necesario. Además, el documento contra Alliana cuenta con 30 adhesiones.
El escenario legislativo representa un obstáculo para la oposición, ya que el Partido Colorado conserva mayoría propia en ambas cámaras. Sin embargo, el respaldo de algunos legisladores disidentes del oficialismo abrió una disputa interna sobre cómo responder a la crisis. El expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, también reclamó medidas urgentes para proteger a los ahorristas e investigar las responsabilidades.
La respuesta de Peña y la investigación judicial
El mandatario, que fue accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, pidió que se priorice la situación de los depositantes y aseguró que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia. También impulsó cambios en el Banco Central tras la renuncia de Carlos Carvallo, cuya anterior relación con Ueno fue cuestionada por posibles conflictos de intereses.
En paralelo, la investigación penal avanzó sobre la conducción de la entidad. La Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y ordenó la detención de ocho directivos y ejecutivos, mientras la Justicia dispuso medidas sobre sus bienes. El fundador y principal accionista del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, se entregó a la Policía luego de que se ordenara su captura.
La crisis también reavivó las protestas de los ahorristas y las dudas sobre el funcionamiento del sistema financiero paraguayo. Aunque la Asociación de Bancos del Paraguay sostuvo que las demás entidades continuaban operando con normalidad, el futuro de los depósitos y la investigación sobre el manejo de los fondos públicos mantienen la presión sobre el Gobierno.
