Sin dudas, a la hora del balance judicial de este 2023 que se termina, el caso de la muerte digna de J.S será uno de los más importantes para Córdoba. Por varias razones, pero fundamentalmente porque médicos y funcionarios públicos tuvieron el atrevimiento de anteponer creencias personales a una decisión familiar; y porque el Tribunal Superior de Justicia puso las cosas en su lugar con claridad y simpleza, para que en esta Córdoba de las Campanas los dogmas no imperen sobre la ley.
El severo trauma craneoencefálico y la grave hipoxia que sufrió hace ocho meses J.S, lo dejaron sin chances reales de recuperarse y con el destino totalmente marcado. Por tal razón, su familia pidió que le retiren al paciente el suministro nutricional para que se pueda morir en paz. Sin embargo, facultativos del Hospital Municipal de Urgencias iniciaron una «cruzada» sólo entendible desde lo dogmático, que se empeñaron en sostener pese a haberse judicializado la situación, cosechando así dos reveses contundentes.
Hace algunos días, el TSJ por unanimidad destacó «el derecho del paciente a no ser sometido a tratamientos terapéuticos que él no consintiera», en una clara defensa de la dignidad y autonomía personalísimas de cada individuo. Sobre los médicos actuantes, el fallo señaló que pueden no estar de acuerdo con la voluntad del paciente y de su familia, pero no oponerse. Dicho de otro modo, los profesionales de la salud no pueden imponer sus creencias morales, científicas y religiosas y mucho menos desconocer lo que manda y ordena el Código Civil y Comercial de la Nación. El Alto Cuerpo agregó que mantener el soporte vital a J.S solo prolonga su mortificación y el sufrimiento de sus seres queridos. Finalmente, reguló las costas en contra del municipio, es decir, el dinero para soportar este capricho inadmisible deberá salir el Erario Público.
Así las cosas, varias interpretaciones podemos hacer sobre este caso, como por ejemplo la mala suerte de J.S de ser pobre. Tal vez siendo adinerado, la decisión familiar hubiera sido respetada en alguna costosa clínica privada y el interminable duelo se hubiese acortado. A esta altura del calvario, es justo reconocer lo resuelto por el Superior Tribunal y que se puede calificar de “excelente”. Por contrapartida, lo de las autoridades municipales resultó ser “muy penoso”.
