La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba aplicó multas por un total de $386.204.804,30 a distintas entidades financieras por incumplimientos detectados en casos de estafas virtuales y ciberdelitos que afectaron a consumidores cordobeses.
Las sanciones fueron impuestas en el marco de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240, luego de constatar que diversas entidades no brindaron información adecuada a sus clientes, incumplieron los estándares de seguridad exigidos para las operaciones electrónicas y no respondieron en tiempo y forma a los reclamos de los usuarios damnificados.
Entre las entidades sancionadas se encuentran Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago (Visa), entre otras.
De acuerdo con lo informado por el organismo provincial, una de las principales irregularidades detectadas fue el incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), especialmente las previstas en la Comunicación «A» 7783 y otras normas complementarias destinadas a prevenir fraudes electrónicos.
En ese sentido, desde Defensa del Consumidor explicaron a Hoy Día Córdoba que las entidades no acreditaron haber implementado mecanismos eficaces para monitorear las operaciones realizadas por sus clientes y distinguir aquellas que presentaban características sospechosas.
«Las principales fallas fueron el incumplimiento de las alertas y demás medidas previstas por la Circular 7783 del BCRA y de todo otro mecanismo que ayude a mitigar los riesgos en favor de los usuarios. También hubo falta de acreditación de la utilización de herramientas que monitoreen las operaciones y distingan aquellas consideradas sospechosas«, señalaron desde el organismo.
Además de las falencias en materia de seguridad, la investigación determinó que varias entidades ofrecieron un trato inadecuado a los consumidores al no responder oportunamente los reclamos presentados tras sufrir una estafa.
A su vez, remarcaron que la actividad desarrollada por bancos y emisores de tarjetas implica un riesgo propio, por lo que la responsabilidad frente a estos hechos es objetiva: «La actividad bancaria y la de tarjetas de crédito es riesgosa. Existe una responsabilidad objetiva dada precisamente por el riesgo de esa actividad«.
En ese marco, indicaron que las entidades deben resarcir económicamente a los usuarios cuando queda demostrado que los mecanismos de seguridad exigidos no funcionaron o directamente no fueron implementados.
La resolución también recordó que el Banco Central obliga a las entidades financieras a realizar análisis integrales de riesgo, detectar operaciones inusuales e incorporar medidas preventivas acordes al nivel de exposición de cada operación, obligaciones que en estos casos no fueron cumplidas de manera adecuada.
Investigación a todos los bancos y billeteras virtuales
Paralelamente a las sanciones, la Dirección General de Defensa del Consumidor inició una investigación de oficio que alcanza a todos los bancos y billeteras virtuales que operan en Córdoba.
Como parte del procedimiento, las entidades deberán presentar la documentación correspondiente a sus planes de mitigación de riesgos, las metodologías utilizadas para detectar fraudes y las medidas adicionales de seguridad implementadas para prevenir este tipo de delitos.
El objetivo es verificar si los mecanismos de protección actualmente utilizados resultan suficientes frente al crecimiento de las estafas digitales.
La modalidad de fraude más frecuente
Desde el organismo provincial también advirtieron sobre una de las maniobras de fraude que más se repite en la actualidad.
Según explicaron, la modalidad consiste en una supuesta llamada de WhatsApp que, en realidad, se realiza mediante videollamada. Durante la comunicación, los delincuentes logran captar la imagen del rostro de la víctima, información que posteriormente utilizan para vulnerar los sistemas de reconocimiento facial y acceder a sus cuentas bancarias o incluso abrir nuevas cuentas a su nombre.
Ante este escenario, recomendaron no compartir claves ni códigos de verificación, evitar atender llamadas o videollamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y nunca permitir que terceros indiquen cómo configurar el teléfono o las aplicaciones bancarias y de mensajería.
Qué hacer si la empresa no responde
Desde Defensa del Consumidor recordaron que cuando una entidad financiera no brinda una respuesta adecuada o demora injustificadamente la resolución de un reclamo, el consumidor puede acudir al organismo provincial para iniciar el procedimiento correspondiente.
También existe la posibilidad de recurrir a la instancia de mediación dependiente del Poder Judicial de Córdoba o a Centros Privados Autorizados, trámite que constituye un paso obligatorio antes de iniciar una demanda judicial.
Asimismo, destacaron que la falta de acuerdo durante las actuaciones en Defensa del Consumidor puede derivar en la aplicación de sanciones económicas, como las que fueron impuestas en esta oportunidad a las entidades financieras investigadas.
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