El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, creó el protocolo para la detención de situaciones de trata de personas en los aeropuertos de todo el país, la cual reemplaza la normativa vigente desde 2018 y establece nuevas pautas de actuación obligatorias por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
A través de la Resolución 468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se informó la creación del Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario, delito que configura una grave violación a los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad humana.
En el dictamen se estableció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) será la autoridad superior responsable de elaborar las pautas de actuación destinadas a facilitar la identificación o descarte de posibles casos de trata de personas, así como los procedimientos a seguir en cada situación.
Las autoridades señalaron que este delito ha evolucionado en sus dinámicas, modalidades y escalas, consolidándose como un fenómeno “complejo y organizado”, de carácter tanto “intra como internacional”.
En ese sentido, remarcaron que el ámbito aeroportuario se ha convertido en los últimos años en un espacio neurálgico para la movilidad humana y, al mismo tiempo, en un punto clave para la intervención frente a delitos de carácter transnacional y el rescate de víctimas. Frente a este escenario, destacaron la necesidad de “actualizar, fortalecer y promover mecanismos coordinados de actuación” para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles casos de trata de personas.
Con todos los lineamientos presentados, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprobó el Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en el Ámbito Aeroportuario e instruyó al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a arbitrar los medios necesarios para la designación de oficiales referentes del delito de trata de personas.
La presente Resolución será de aplicación obligatoria para todo el personal de la PSA y de carácter reservado, debido a que cuya difusión podría comprometer la eficacia de las acciones operativas e investigaciones en curso, así como poner en riesgo la seguridad pública y la integridad de las personas.
Con este nuevo protocolo, se deja sin efecto el establecido en la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad N°635/2018.
