El Equipo de Sacerdotes de Barrios Populares y Villas de la Argentina emitió un duro comunicado en el que expresan su «máximo repudio y consternación» por el brutal asesinato de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, Buenos Aires. El grupo de religiosos, que advierte que este no es un hecho aislado, declaró un «estado de emergencia en lo que se refiere a acompañar la vida de los chicos, adolescentes y jóvenes».
El texto, que pide «que la justicia actúe en consecuencia», hace hincapié en la falta de políticas públicas y la desconexión del Estado con la realidad de las villas. «Apoyados en las expresiones de nuestro episcopado según las cuales el corrimiento del Estado deja espacio al crecimiento del narcotráfico, percibimos que el Estado le suelta la mano a la vida», sostiene el comunicado.
Los sacerdotes denuncian que «hace décadas que el narcotráfico se enseñoreó en nuestras comunidades», mientras que «las clases dirigentes miran hacia un lugar muy lejano a las necesidades concretas de nuestro pueblo humilde». También critican las intervenciones estatales, a las que consideran «más pensadas para campañas políticas que conectadas con las necesidades de nuestra gente».
En el comunicado se enfatiza que la urbanización de los barrios y la creación de oportunidades son la clave para enfrentar la problemática. La organización lamenta la «descomposición de la comunidad en nuestras parroquias, clubes, movimientos sociales, sociedades de fomento y centros de salud», que atribuyen a «un Estado que se retiró, sacando toda política pública, dejando tierra arrasada y arada para el crecimiento del narcotráfico«.
El documento concluye señalando la «indefensión de nuestras comunidades», al citar la «insuficiencia de los comedores, planes sociales eliminados, oficinas del Estado corridas, obras en los barrios populares abandonadas».
