Brenda Carranza, de 20 años, y Miguel Godoy, de 25, comenzaron a ser juzgados ayer en la Cámara 9ª del Crimen por el asesinato de Martina, su hija de seis meses, en un episodio ocurrido en marzo de 2018 en la localidad de Anisacate. Ambos están acusados de homicidio calificado por alevosía y el vínculo, luego que las pericias médicas comprobaran que la menor murió a raíz de los múltiples golpes recibidos. La defensora de Carranza, Alfonsina Muñiz señaló que el juicio se realizará con jurados populares. “No se establece quién realizó los golpes y quien no denunció los hechos”, aseveró la letrada.
En la jornada inicial de audiencias declararon los primeros testigos y se indicó que en caso de ser hallados culpables, ambos progenitores, que están detenidos en la Cárcel de Bouwer, serán condenados a cadena perpetua. Al conocerse el episodio, que acaparó la atención nacional, se señaló que la beba había ingresado al Hospital Illia con hematomas múltiples en el cráneo, escoriaciones, hundimiento de cráneo y fracturas.
“Evidentemente, se trata de signos de maltrato”. A raíz de los golpes, la niña fue trasladada al Hospital de Niños de esta capital, donde finalmente falleció. Inicialmente, la causa fue caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”. Sin embargo, el fiscal Diego Fernández consideró que en virtud de los elementos que se fueron agregando a la investigación se debía incorporar la figura de “alevosía” debido a que “se mató sin riesgo para los autores, sobre seguro y en indefensión de la víctima”. De acuerdo al expediente, uno de los detenidos fue el que aplicó de manera directa los golpes que le ocasionaron la muerte de la beba, mientras que “el otro progenitor, a sabiendas que la violencia física inusitada era idónea para vulnerar la vida y desnaturalizando su posición de protector natural, consintió pasiva y deliberadamente la violencia física, contribuyendo a que ambos convergieran hacia el desenlace fatal”.
En la jornada de ayer, un informe de la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Córdoba señaló que “el 33% de las consultas se realizan por maltratos, abuso y abandono”, precisaron desde la Defensoría. De los 648 casos atendidos, 216 fueron por faltas contra la integridad y la dignidad. El abuso sexual representa el 29% de ese porcentaje y el 10% del total de casos. En su mayoría son abusos intrafamiliares. (Más información en la página 7).
