La Sala Penal del Tribunal Supremo Español iniciará hoy un juicio histórico contra doce políticos y líderes sociales que encabezaron el intento independentista de Cataluña, un proceso que tiene en vilo a los españoles porque amenaza con desestabilizar hasta el propio Ejecutivo nacional.
A dos días de la masiva movilización que los partidos constitucionalistas de derecha realizaron en la Plaza de Colón de Madrid para pedir la renuncia del presidente socialista Pedro Sánchez (entre otras razones, por sus posiciones dialoguistas con el Gobierno catalán), la máxima corte española comenzará a juzgar así a doce líderes políticos que guiaron el proceso independentista desde el impulso del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, hasta la efímera declaración unilateral de independencia que se produjo 27 días después.
Los acusados en este juicio al “procés” son el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; ocho ex consellers (ministros) de su gabinete; la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y dos líderes de asociaciones independentistas. El juicio intentará dilucidar si son culpables o inocentes de los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos.
Enfrente, del lado de la parte acusadora, estarán no sólo la Fiscalía de España (que inició el proceso), sino también la Abogacía del Estado (que representa al Gobierno español), y el partido de ultraderecha Vox, que gracias a una particularidad del sistema penal español podrá representar a la “acusación popular”, con potestad de interrogar a los procesados y testigos.
Una situación que por cierto rechazan no sólo los independentistas catalanes acusados sino también el propio Gobierno español, uno de los principales blancos de las diatribas de Vox, que lo acusa de “traicionar a la Patria” por retomar el diálogo con los líderes catalanes.
Ocurre que el proceso será también el más mediático de la historia española, con transmisión televisiva en vivo y más de 600 periodistas de todo el mundo acreditados, lo que garantiza su definitiva politización: cada quien intentará sacar su propio rédito político en el juicio, especialmente la joven fuerza Vox que viene protagonizando un sorpresivo ascenso en la escena española.
Los soberanistas enfrentan penas de 25 años de reclusión e igual cifra de inhabilitación para Junqueras o de entre 17 y 7 años de prisión para el resto de los acusados, según el pedido de la Fiscalía. La sensación común es que nada será igual después de este proceso.
Sánchez amenaza con adelantar los comicios
El contexto del inicio del juicio a los doce líderes catalanes no podría ser más inoportuno para el gobierno de Pedro Sánchez, que mañana enfrentará en el Congreso de los Diputados una disputa central para su futuro político.
Ocurre que el cuerpo legislativo votará los Presupuestos del Estado que el jefe de Gobierno necesita aprobar para estirar su mandato hasta 2020, tres días después de la masiva marcha de los partidos de derecha reclamando que anticipe las elecciones generales.
El propio Sánchez recogió ayer el guante y amenazó con convocar a esos comicios para el 14 de abril como una forma de presionar tanto a los independentistas como al Partido Popular (PP), que deberían enfrentar una súbita campaña electoral en medio del juicio en el Tribunal Supremo, que pondrá en la picota mediática a los primeros y dará una tribuna nacional inigualable a Vox, sorpresivo rival en el electorado de derecha de los segundos, fuerza hegemónica del espacio conservador.
