BRASILIA.- El repudio que generó el respaldo dado por el presidente Jair Bolsonaro a una manifestación que el domingo reclamó la intervención militar” del país y el cierre del Congreso fue generalizado y unánime en el vecino país. Jueces, congresistas y hasta 20 de los 27 gobernadores de Brasil calificaron de «antidemocrático» y de «ataque a las instituciones» al acto que, desoyendo todas las recomendaciones del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, encabezó el propio jefe de Estado en Brasilia.
El rechazo fue tan unánime que hasta el Fiscal General del Estado, Augusto Aras, solicitó a la Corte Suprema Federal (STF) que abra una investigación contra el jefe de Estado y los organizadores de la manifestación por la posible violación de la Ley de Seguridad Nacional. «El Estado brasileño admite una única ideología que es la del régimen de la democracia participativa. Cualquier atentado a la democracia afronta a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional», argumentó Aras. Pero aún así Bolsonaro no se hizo cargo de las críticas y negó haber respaldado la agenda golpista: «No se habló de cerrar nada», declaró ante los periodistas e incluso aseveró que «la gente normalmente conspira para llegar al poder, pero yo soy el poder, soy el Presidente, en realidad soy la Constitución». «Espero que esta sea la última semana de cuarentena», amenazó al fin, aunque el país llegó ayer a los 2.575 muertos desde el inicio de la pandemia y superó los 40.000 contagios.
