La segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe dio comienzo ayer en el Centro Cultural Kirchner y contó con la presencia del presidente argentino Alberto Fernández, autoridades de varios países de la región, y representantes de organismos regionales e internacionales.
Este evento, que se extenderá hasta la jornada de hoy, es de carácter extraordinario y su objetivo principal es elegir a los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo.
Andrea Brusco, coordinadora regional del subprograma de gobernanza Ambiental de la Oficina Regional del Programa de la ONU para el Medioambiente, reconoció que “las personas tienen que estar en el centro de las preocupaciones ambientales”. Vanessa Torres, integrante ONG Ambiente y Sociedad, de Colombia, alertó que “hay muchos ciudadanos que no tienen garantizado el aire limpio o el agua potable en nuestra región” y llamó a “pasar a la acción”.
Asimismo, hicieron uso de la palabra los ministros de Ambiente de Uruguay, Brasil y Argentina –Robert Bouvier, Marina Silva y Juan Cabandié, respectivamente-; la senadora Maureen Hyman-Payne, de Antigua y Barbuda; y el secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la Cepal, Raúl García-Buchaca; entre otros. “El Acuerdo de Escazú es un tratado de fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación efectiva de los derechos acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, dijo este último.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
En línea con el cuidado y la preservación del medioambiente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que pedirá al Congreso que apruebe un desembolso de US$ 500.000.000 para el Fondo Amazonia, un mecanismo gestionado por Brasil para la lucha contra la deforestación, además de otros 1.000 millones para luchar contra el cambio climático en los países en desarrollo.
