Desde fines del mes de julio se vienen registrando incendios de gravedad en diversas zonas de la Provincia de Córdoba. Esta situación se ve agravada por las particularidades climáticas de nuestra provincia en esta época: clima seco, viento, elevada temperatura y sequía, variables que posibilitan la continuidad de la actividad de los focos en el territorio provincial.
Los incendios que se han desarrollado en áreas rurales han afectado pastizales y montes, otros han puesto en peligro áreas naturales protegidas e incluso se han registrado también incendios de interfase con el consecuente peligro para las viviendas y sus habitantes.
Por estos días, he recibido la preocupación de muchos cordobeses respecto a la desprotección en la que se encuentran las áreas naturales protegidas.
El impacto que este fenómeno tiene sobre el medio ambiente y las comunidades que en él habitan no puede quedar solo en la crónica periodística, o la expresión de preocupación de algún funcionario.
Desde el Estado tenemos la obligación de reflexionar y coordinar acciones al respecto, diagramando y ejecutando en forma inmediata políticas que minimicen estos fenómenos, tanto sea para prevenirlos como para sofocarlos, mejorando las condiciones en las que trabajan nuestros cuerpos de bomberos.
Desde 2015, Argentina se comprometió, a través de la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y minimizar la pérdida de biodiversidad.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Como nación, no solo asumimos el compromiso a preservar el ambiente en el que vivimos, asumimos también los derechos de tercera generación”, es decir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que van a nacer en el futuro y que también dependerán de los elementos del ambiente para poder gozar de una vida plena.
La Ley Nacional número 26.815, de Manejo del Fuego, establece que no solo debemos trabajar por la seguridad de la población, sino además establecer mecanismos eficientes en situaciones que demanden acciones de prevención y combate de incendios, que aseguren el adecuado manejo del fuego. En este sentido, Córdoba cuenta con la Ley 8.751.
Para una provincia como la nuestra, que entre 2001 y 2018 perdió el 95% de sus bosques nativos, resulta indispensable al sostenimiento de un ambiente equilibrado generar en los ciudadanos y ciudadanas valores, comportamientos y actitudes acordes al cuidado y la preservación de los recursos naturales, y de su utilización sostenible, creando conciencia acerca de los usos y actividades con fuego.
Debemos intensificar a través de la coordinación y de la profundización, la acción de las autoridades del Estado para ello, con el fin último de mejorar la calidad de vida de todas y todos los cordobeses.
Diputado Nacional
