Los reiterados casos judiciales que salpican al oficialismo provincial —Cañito Flores, Barrelier-Moreno o Kraisman— ofrecen una lente inmejorable para examinar el funcionamiento del poder como un patronazgo que exige lealtad a cambio de militancia local y territorialidad del poder; un mecanismo de cooptación y contención política que se repite como marca de estilo de prolongadas hegemonías políticas.
La sucesión de casos revela a estos eventos como una acumulación que nadie supo o quiso resolver. Un legislador peronista sintetizó el error del caso Flores como un diseño agotado: el del control del daño. «Por no pedirle la renuncia al comienzo pagamos el costo dos veces». La arquitectura institucional del cordobesismo no elaboró un protocolo para evitar que se reiteren los episodios cada vez más onerosos en imagen pública.
El otorgamiento de empleos políticos como parte del mercado de lealtades debió reformarse de raíz luego del suceso que involucró a Kraisman, histórico puntero de la zona sur de la capital, intentando cobrar el sueldo de una empleada legislativa fantasma. La lealtad política o territorial pesó más que los filtros de idoneidad y control y los asesores y subalternos se sintieron amparados por la estructura de poder. Lamolina diría «siga, siga».
Síndrome estructural
Cuando una coalición o partido gobierna por un período prolongado las fronteras entre lo partidario, la facción interna y los recursos públicos y privados se vuelven difusas, se normaliza la opacidad. La contención del daño que consiste en aislar al implicado y soltar a los eslabones más débiles, no alcanza.
La renuncia de Flores luego de la agitada sesión por su licencia puso a la senadora Alejandra Vigo en el centro de la escena pidiendo su renuncia. ¿Será esta la señal para cortar el ciclo repetitivo del escándalo: primero la judicialización y luego el sacrificio del implicado, pero con la matriz institucional intacta?
El caso Barrelier expuso los mismos problemas y el intendente Daniel Passerini intentó ir por la senda contraria: sacrificó a uno de sus secretarios más importantes del gabinete para desplazar al concejal Ricardo Moreno, que luego terminó renunciando. También desplazó a la cúpula de la Dirección de Tránsito y Movilidad y hasta pagó el costo social de eliminar el programa de servidores urbanos al comprobar que gran cantidad de ellos tenían antecedentes penales. En el Panal no cayó bien que saliera al aire por TV asumiendo “toda la responsabilidad” por los desmanejos administrativos del affaire Barrelier. Dos estilos diferentes que ya habían exhibido sus matices durante el episodio de la bondiola de Kraismann.
Desacople cordobesista
El episodio de Vigo pidiendo la renuncia de Flores revela que la transición generacional también es de estilo y de cómo gestionar las redes de contención del poder. Schiaretti ejercía un control altamente centralizado y disciplinante sobre la estructura siempre porosa donde se juntan el Estado y el partido.
La recurrencia de casos genera un desgaste progresivo que, más que alterar la imagen del gobierno, provoca una crisis de representación que aumenta un cinismo ciudadano hacia la clase política vulnerando uno de los puntos neurálgicos del «modelo de gestión cordobés» que se presenta como administrador profesional de la cosa pública y termina revolcado por marginales que obtuvieron su empleo político por la relajación de los órganos de control.
Las arengas públicas y privadas de Martín Llaryora a sus ministros para que salgan a comunicar los logros del gobierno colisionan con los titulares de los medios ocupados por novedades cada vez más estremecedoras de los abusos en el norte provincial.
Entre internas y silencios
Para que la oposición capitalice políticamente la crisis y supere «la fatiga del escándalo» —un fenómeno donde la sociedad normaliza las irregularidades y deja de prestar atención— debería transicionar de un rol reactivo a uno propositivo, alterando el eje de la competencia electoral. Sin embargo, la UCR aparece atrapada en los vicios de su interna y sus pares del espacio libertario (Juez y Bornoroni) enfrascados en un silencio más que incómodo, en especial en el senador.
Cuando el espacio que no gobierna no puede salir de su rol de denunciante para ofrecerse como un diseñador institucional, enfrasca al ciudadano en la saturación que percibe al opositor en un mero comentarista indignado.
No son pocos los que creen que llegó el momento de arribar a un consenso amplio de la clase política para que asuma el desafío de diseñar una ingeniería institucional que nos saque del patronazgo. Los casos Barrelier, Flores o Kraisman no son errores de casting ni fallas morales individuales, sino el resultado previsible de una forma de hacer política donde todos se sirven de mecanismos de control opacos que la oposición y el oficialismo tienen que desmantelar.
