La lucha contra la corrupción formará parte de la agenda de Cambiemos de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Y para ganar tiempo -y terreno- ante la debacle económica, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó la semana pasada un proyecto de ley para crear un nuevo régimen de ética pública que involucra a políticos, funcionarios judiciales y sindicalistas.
La iniciativa fue presentada ayer en la Cámara de Diputados de la Nación por la titular de la OA, Laura Alonso, ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. “El tratamiento y la sanción de esta norma son importantes e imperiosos” sostuvo Alonso, quien fue acompañada por el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez.
A su vez, Alonso expresó que la normativa “regula de manera integral y uniforme la ética en la función pública para todos los poderes del Estado” y diseña un “sistema de autoridades de aplicación que permitirá una implementación efectiva”.
Por su parte, Sánchez también defendió la iniciativa al considerar que “el mejor antídoto para la corrupción es la integridad”. En ese contexto, el funcionario dijo que “tenemos mucho por mejorar” y remarcó la importancia de normativas como la del arrepentido, la de defensa de la competencia y la de extinción de dominio.
De acuerdo con la extensa alocución de Alonso, la normativa otorga un catálogo completo de principios generales que orientan la interpretación de la ley y enumeró: “Se introduce un capítulo completo sobre el anti-nepotismo; se establece una variedad de prohibiciones específicas de designación de familiares en todos los poderes; se amplía y se clarifica el contenido a declarar, tanto en lo patrimonial como lo relacionado a intereses económicos, sectoriales y de otro tipo”.
Además, el proyecto de ley prevé que las autoridades de control verifiquen anualmente las declaraciones, cuya información deberá ser pública de manera completa, actualizada y en formatos abiertos. También habrá, de acuerdo con Alonso, un “listado anual de cumplidores e incumplidores” y sanciones para quienes “mientan u oculten” información.
