En la continuidad de la alarmante crisis que atraviesa el sistema de transporte urbano del interior del país como consecuencia de la quita de subsidios dispuesta a principios de enero pasado por el gobierno nacional, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) formalizó ayer ante la Municipalidad de Córdoba un pedido de ajuste tarifario con carácter de “inminente”, o aportes estatales por 366 millones de pesos. En este sentido, el vicepresidente de la entidad empresarial, Gustavo Mira, confirmó que, si no llegan más aportes gubernamentales, la intención es llevar el valor del boleto en esta Capital a los 35 pesos. En caso de ser autorizado, el aumento elevaría el costo del servicio en torno a un 25% teniendo en cuenta que en la actualidad es de 28 pesos. Este monto comenzó a regir hace poco más de un mes, luego del incremento aplicado entonces del 18,14%.
Desde Fetap argumentaron que el planteo por una suba tarifaria es una derivación de las medidas de fuerza que vienen llevando adelante los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para exigir la misma recomposición salarial que sus pares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba): 20% al conformado a partir de junio, y un pago de 16.000 pesos en tres cuotas: 8.000 pesos por cobrar el 20 de julio; 4.000 pesos el 4 de agosto; y otros 4.000 pesos en septiembre. “De acuerdo al reclamo salarial de la UTA, el incremento en los combustibles y otros gastos, solicitamos una revisión de la fórmula polinómica”, justificó Mira. Asimismo, consideró que “se trata de una cuestión matemática y predecible”. “Las circunstancias están para que aumenten las tarifas ante la negativa nacional y provincial de que aumente el subsidio. Es la única salida”, evaluó el directivo.
Mientras tanto, el gremio de los choferes de Córdoba llevó a cabo en la víspera –tanto en horas de la mañana como por la tarde- asambleas sorpresivas en las puntas de línea que provocaron interrupciones en la prestación de todas las empresas. Ese mecanismo de protesta, que se replicó en las principales ciudades del interior de la Argentina, fue la antesala de la audiencia de conciliación que se concretará hoy a partir de las 12 en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Buenos Aires. En caso de que las partes no arriben a un entendimiento, la UTA ratificará la realización de un paro por 48 horas a partir de las cero horas de mañana. Más allá de la cuestión salarial que, indudablemente se deberá encaminar, el tema de fondo es el costo de un servicio clave y la forma de afrontarlo, en un contexto de suba de precios que impacta sobre combustible, insumos y sueldos. Hasta el año anterior, era el gobierno nacional el que subsidiaba el sistema a través de diferentes aportes. Pero ya desde 2019 resolvió retirar esos aportes y que fueran las provincias las que se hicieran cargo de esos mayores costos. En el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti resolvió asistir este año con más de 2.000 millones de pesos al sistema tanto urbano como interurbano que se suma a otros 1.600 millones de pesos que aporta la Nación con recursos del impuesto a los Bienes Personales.
“La Nación dejó en banda al interior”
El presidente provisional de la Legislatura cordobesa, Oscar González, advirtió ayer que “la Nación dejó en banda al interior del país en el tema transporte”, a la vez que le reclamó que diga “la verdad y, sobre todo, si van a cambiar las reglas”. “El lío del transporte comienza cuando se lanza la paritaria de la UTA, el gremio pide suba del 20% y se acordó a nivel nacional otorgárselo, pero la Nación le subsidia ese dinero a 11.000 unidades de Capital Federal y Buenos Aires y deja afuera al interior, mientras tanto Córdoba cumple con lo pautado”, explicó González en coincidencia con los expresado el lunes pasado por el legislador provincial de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez.
“La Nación dejó en banda al interior del país en el tema transporte cuando al momento de firmar el pacto que establecía que las provincias se hacían cargo de sus sistemas de transporte ellos aseguraron que no iban a subsidiar más nada”, recordó González. El también precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio consideró que “que no hay que publicar solicitadas, hay que decir la verdad y sobre todo si van a cambiar las reglas”. “La Nación vuelve a subsidiar a los mismos de siempre, al menos debería haber llamado a todos los actores a una mesa, a ver cómo le encontramos una salida a esta situación”, se quejó González.
Para Flores, “los usuarios son víctimas de este trato discriminatorio nacional”
La concejal Victoria Flores (bloque Pensando Córdoba) manifestó ayer su preocupación por la decisión del gobierno nacional de aportar los fondos para financiar el 20% del aumento salarial para los choferes de la UTA pero “sólo para Capital Federal y Gran Buenos Aires, transfiriendo un problema a Córdoba y al resto de las provincias”. “Mientras por un lado escuchamos al presidente (Mauricio) Macri pronunciando discursos sobre federalismo, por otro lado, desde el Ministerio de Transporte de la Nación desembolsan los fondos para destrabar un conflicto con los choferes de UTA solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, abandonando a los vecinos del interior del país”, alertó la reelecta edil. Según Flores, “resulta absolutamente injusto el trato discriminatorio que hace el gobierno nacional entre vecinos de Buenos Aires y los del interior. Ya no sólo se trata de la discriminación en los fondos para las obras, que es un clásico, sino que ahora se extiende a los subsidios al transporte”.
“Córdoba viene afrontando con el aporte de todos los contribuyentes cordobeses -en cumplimiento del Pacto Fiscal firmado- 2.000 millones de pesos en concepto de subsidios al transporte, más 1.200 millones de pesos para los boletos gratuitos y sociales. Sin embargo, en las últimas horas, la Nación ante un reclamo de los choferes, decidió resolver el conflicto sólo en Capital y Gran Buenos Aires haciéndose cargo de un 20% de aumento en los haberes de los choferes más un bono de $16.000, y dejando libradas a su suerte a las demás provincias, incluida Córdoba”, insistió la concejal. Finalmente, Flores sostuvo que “hoy son los vecinos de nuestra ciudad, usuarios del sistema de transporte público de pasajeros, las víctimas palpables de este nuevo acto de discriminación de la Nación”.
