El juez federal Ricardo Bustos Fierro aceptó en las últimas horas el pedido de apartamiento que solicitó el fiscal Enrique Senestrari en el marco de la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación contra 12 directivos y empleados del gremio Luz y Fuerza. De esta manera, según el procedimiento previsto por la Justicia, la causa debería quedar en manos del fiscal Gustavo Vidal Lascano.
Cabe recordar que el expediente se inició tras la denuncia que efectuó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Senestrari. La acusación alcanza a Gabriel Suárez (secretario general del sindicato), Jorge Molina Herrera, Fernando Navarro, Daniel Lozano, Rodolfo Bonetto, Roque Tapia, Alexis Fidelbo, José Galván, Carlos Vaca, Juan Farías, Emilio Chaer y Héctor Juri.
Sin embargo, cuando se dieron a conocer los nombres de los abogados que representarán a los acusados, Senestrari decidió pedir su apartamiento. Sucede que los letrados Claudio Orosz y Pablo Ramiro Fresneda también patrocinaron al funcionario judicial en una denuncia que concretó el mismo Senestrari por la existencia de un “topo” en su Fiscalía. Además, tanto el fiscal como Fresneda son autoridades de la agrupación llamada Justicia Legítima Córdoba.
Mientras tanto, la causa avanza. El martes, la conducción de Luz y Fuerza se puso a disposición de la Justicia. Acompañados de sus representantes legales, los acusados se presentaron en los Tribunales Federales de Córdoba para “negar terminantemente haber cometido ilícito penal alguno”. Al mismo tiempo, advirtieron que la causa podría ser una secuela del plan de lucha que sostiene en defensa del Convenio Colectivo de Trabajo dentro de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).
El caso Carrasco, cerca de la Justicia Federal
El fiscal Senestrari también tiene a su cargo la investigación por presuntas irregularidades en contratos realizados por la Asociación Mutual del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, (Amsurrbac) y la posible comisión de delitos de defraudación y lavado de dinero. No obstante, existe un expediente paralelo que lleva adelante el fiscal Alfredo Villegas por el intento de asesinato que sufrió el ex recolector de basura, Pablo Carrasco, ocho meses atrás.
Para Carrasco, el ataque está relacionado con la denuncia que realizó contra el secretario gremial del Surrbac, Mauricio Saillén, y su principal colaborador, Pascual Catrambone, quienes se encuentran desde hace dos semanas detenidos. Ahora, la defensa de Carrasco pedirá que la investigación del ataque pase al fuero federal. Justamente el viernes pasado, el juez Bustos Fierro pidió unificar causas contra Saillén y sumar el expediente que investiga el intento de asesinato de Carrasco.
