La jueza Marta Cirulli, a cargo de la causa, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario. La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo.
En tanto, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente al máximo tribunal, tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales “graves consecuencias”. La fiscal de Cámara Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4.500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención. En el Grupo Socma afirmaron que colaborarán con la Justicia, aunque consideraron que la decisión de la jueza Cirulli responde a requisitorias de la fiscal Boquín, “bastante extrañas para lo que debe abordarse en un proceso concursal”.
