El senador nacional rechazó hoy la decisión del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, dependiente de las Naciones Unidas, que el pasado viernes instó al Gobierno «a que adopte medidas inmediatas para derogar» el decreto que en 2017 dispuso endurecer la política migratoria cerrando las puertas a personas con antecedentes penales y agilizando los procesos de deportación.
«¿Por qué no se lo piden a Estados Unidos y países importantes del mundo que cuidan a sus nacionales? ¿Por qué estamos obligados a convivir con delincuentes que han cometido delitos graves, especialmente de narcotráfico? ¿Por qué este país tiene que ser tan sensible a este tipo de reclamos cuando hay que hacer valer la ley nacional?», se preguntó el referente peronista.
En diálogo con CNN Radio, el representante de Río Negro en la Cámara alta señaló que «si la persona viene a buscar trabajo, un horizonte, un proyecto de vida en la Argentina, bienvenido. Pero si esta gente viene y comete delitos gravísimos, después hay que dejarlos, no expulsarlos y estos organismos internacionales aparecen reclamando…».
«Me parece que no hay que cumplir, más allá de que se pertenezca a la Comunidad de las Naciones. No estoy de acuerdo», destacó el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.
En ese sentido, insistió en que está en contra de los «extranjeros que rompen el pacto de convivencia».
«Esta gente se tiene que ir, con sus hijos, con su familia», lanzó el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.
El Comité de la ONU también exigió al Gobierno que revise todos los casos de expulsiones que se hayan concretado desde la sanción del decreto, en enero de 2017, y los que están pendientes de resolución, para «garantizar la unidad familiar».
La relatora para Argentina del Comité, María Landázuri, evocó el caso de una mujer peruana, madre de tres niños argentinos -de 14, 5 y 2 años – que fue deportada por sus antecedentes penales en febrero pasado y separada de sus hijos: tras la difusión mediática del caso, el 2 de septiembre fue autorizada a reingresar al país.
La mujer había sido detenida en 2011 como mula de una banda de narcotraficantes y cumplió una condena de cuatro años de cárcel.
Además, el Comité «mostró preocupación por las situaciones de violencia y acoso por parte de la policía de las que son víctimas vendedores ambulantes de Senegal y Haití, el colectivo LGBTIQ y trabajadores de la industria textil».
De de los 44 millones de habitantes de Argentina, un 4,5% es inmigrante, según cifras de la ONU.
