El cambio de época que se percibe tras la contundente derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri en las Paso del 11 de agosto sumó ayer un nuevo capítulo. En esta oportunidad a partir de las graves acusaciones que formuló el presidente del Grupo América, Daniel Vila, contra el jefe de Estado a quien acusó de haber intervenido en cuestiones judiciales para perjudicarlo. Las llamativas declaraciones de Vila, dueño de un grupo mediático que en el pasado apoyó abiertamente al Gobierno, ocurrieron el miércoles por la noche en una entrevista televisiva realizada por el periodista Alejandro Fantino, en su propio canal América TV.
El empresario denunció públicamente que el Presidente mandó al entonces ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, a presentar una denuncia penal en su contra con el objetivo de presionarlo para que se deprendiera de una frecuencia de 4G que luego el gobierno entregó al Grupo Clarín. “Él asumió un compromiso conmigo… cuando asume me pide que le devolviéramos al Estado el espectro. Teníamos un conflicto por el espectro que estaba paralizado por medidas judiciales. Entonces él me pidió que se lo devuelva porque lo tenía comprometido con Clarín”, contó Vila.
En lo que se evidencia como un notable cambio de postura editorial, el empresario dijo que “finalmente le entregué un papel que decía que yo desistía de las medidas judiciales y él se comprometió a presentar ese documento solo cuando yo vendiera la empresa. Como presentó ese documento antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían su reaseguro y evitaron que el espectro volviera al Estado”, sostuvo. “¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un Whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal”, recordó. El empresario manifestó que tiene pruebas de la extorsión: “Tengo el teléfono, los Whatsapp. Saqué fotocopias de las capturas telefónicas y las hice certificar por escribano”, señaló.
La denuncia de Vila tomó su curso judicial a primera hora de ayer, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuan inició una causa por “averiguación de delito” y pidió investigar las supuestas presiones que dijo haber recibido el empresario por parte de Macri. La denuncia fue sorteada y recayó en su fiscalía junto con la jueza federal María Servini. Como medida de prueba, el fiscal sugirió citar como testigo a Vila a quien además pidió se le reclame toda documentación a la que él refirió tener sobre el episodio. Desde el oficialismo, quien salió a responder a las acusaciones de Vila fue el ministro de Justicia, Germán Garavano. En un escueto tuit, el funcionario consideró las expresiones como “contradictorias, poco rigurosas, de tinte político y personal, sin entidad penal”.
El conflicto por las frecuencias de telefonía se originó en 2015
El conflicto por la frecuencia para telefonía celular se originó en 2015, cuando el gobierno de Cristina Fernández licitó esas franjas del espectro radioeléctrico y Supercanal Arlink, del grupo que comandan Vila, ganó el concurso. Unos meses después, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dejó sin efecto la adjudicación porque Arlink nunca pagó los 506 millones de dólares que había ofertado y, mediante una ley del Congreso se transfirió la frecuencia a la empresa estatal Arsat. Vila judicializó esa decisión y en ese contexto se produjo el cambio de gobierno.
“Todo está plasmado en la Resolución 65/2014 de la Secretaria de Comunicaciones del 7 de octubre de 2014. Pero pasaron cosas… Una de esas es que Clarín compró Telecom a través de Cablevisión”, describió ayer la abogada Graciana Peñafort en un extenso “hilo” de tuits, y aclaró: “Jamás podría haberla comprado porque la ley exigía que quien daba servicios de cable (Cablevisión) no podía al mismo tiempo dar servicios de telefonía (Telecom). Esta prohibición fue una de las que derogó Macri apenas asumió, cuando dictó el decreto que derogó la Ley de Medios”, recordó.
Peñafort repasó una serie de resoluciones y decisiones judiciales que se sucedieron a partir de esa disputa: “Para poder darle a otra empresa las frecuencias de Arsat, Macri necesitaba varias cosas. Una de ellas era arreglar con Vila su cautelar. Por eso le hizo una denuncia penal, por la cual Vila, para zafar, tuvo que suscribir un acuerdo en 2017”, relató la abogada, que fue una de las relatoras de la derogada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
