El juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga una red de espionaje ilegal a miembros del Poder Judicial por parte de diferentes estructuras del gobierno nacional. El fiscal Ramiro González lleva adelante la causa y ya enumeró 21 jueces, entre ellos miembros del fuero federal y de la Corte Suprema, que fueron víctimas de esta red para conocer sobre ingresos y salidas del país a través de la Dirección Nacional de Migraciones. La causa se inició a partir de una nota del columnista de La Nación Carlos Pagni del 2 abril de 2017.
En aquella oportunidad, el periodista señaló que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaba operaciones de espionaje contra políticos y jueces. Ahora, salió a la luz que la lista de autoridades judiciales espiadas enumerada por el fiscal incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini, y el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. También aparece como víctima el propio Canicoba Corral, por lo que esa parte de la causa se volvió a sortear y recayó en Servini de Cubría.
La causa la tramita el juez Canicoba Corral y salpica a 12 organismos del Estado nacional.
Según el fiscal, hubo ingresos no explicados en el sistema de Migraciones desde oficinas del Ministerio de Seguridad, la Afip, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. En total, Canicoba les exigió explicaciones a 12 organismos. En el caso de la AFI los apuntados son Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; mientras que en la Afip, las sospechas se depositan en una funcionaria con acceso privilegiado a la información fiscal. El sistema de Migraciones es clave porque, por ejemplo, permite saber si un juez o funcionario está viajando mucho y exhibiendo una capacidad económica que no puede justificar, también si lo hace sin tomarse licencia o acompañado por terceras personas, empresarios u otros funcionarios.
Se trataría de un nuevo capítulo que une al Presidente con este tipo de prácticas. El primer caso estalló en octubre de 2009 cuando el referente de la comunidad judía, Sergio Burstein, denunció penalmente al entonces jefe de Gobierno porteño por considerar que estaba siendo espiado por una red clandestina encabezada por el comisario Jorge “Fino” Palacios, de la Policía Metropolitana. Ya en la presidencia, luego de que el caso de Juan José Gómez Centurión en la Aduana hiciera explotar el esquema que la AFI tenía con la empresa C3 Consulting, surgió la red de espionaje de Marcelo D’Alessio. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo ministerio también es investigado, había admitido una reunión con D’Alessio, detenido por pedir coimas a empresarios en nombre del fiscal Carlos Stornelli.
