Después del comunicado del domingo por la noche, el canciller argentino Jorge Faurie brindó ayer una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que volvió a negar que la destitución de Evo Morales de la presidencia de Bolivia haya sido un golpe de Estado y, por lo tanto, ratificó la postura oficial del Gobierno de no repudiar la interrupción del ciclo democrático. “No están los elementos para describir esto como un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas no han asumido el poder”, argumentó el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto después de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri, a menos de un mes del traspaso presidencial.
A su vez, Faurie desmintió que Morales hubiera pedido asilo político en Argentina ni tampoco el ex vicepresidente, Álvaro García Linera, como tampoco le consta que haya solicitado el ingreso al espacio aéreo argentino. A la vez, el funcionario pidió que sea la asamblea legislativa la que tome el poder político de Bolivia: “Los parlamentarios electos mantienen su mandato y ellos tiene que decidir”. En las declaraciones radiales, Faurie aceptó que Macri habló con varios mandatarios de la región para llevar adelante una posición común. Si bien el canciller no quiso dar los nombres de esos jefes de Estado, luego se propagó que Macri tomó contacto con Jair Bolsonaro (Brasil), Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile).
Horas después, el gobierno hizo trascender la “preocupación” del primer mandatario por lo sucedido en Bolivia: “Todos estamos preocupados”, dijo Macri en breves declaraciones al ingresar al Salón de los Científicos, donde encabezó el encuentro con sus funcionarios. Más allá de esta corta definición, el mandatario evitó referirse públicamente sobre el tema y no utilizó, como suele hacer, su cuenta personal de Twitter para sentar posición. En la misma jornada, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, opinó en el mismo sentido y consideró que en Bolivia se asiste a “una interrupción del orden constitucional en base a una gran conmoción social”. Subrayó que para el Gobierno “no hay un golpe de Estado” en el país vecino y estimó que esa declaraciones se basa en que “no hubo un golpe como los acostumbrados” en América latina. Pese a ello, Álvarez García interpretó, a título personal, que “sí seguramente hay una interrupción” del orden constitucional “en base a una gran conmoción social”.
La postura oficial del gobierno saliente sobre lo ocurrido en Bolivia contrastó con los pronunciamientos de las principales fuerzas políticas que repudiaron al unísono los hechos en el país vecino. El Partido Justicialista reclamó “que cese el revanchismo de los sectores más poderosos que amenaza en convertirse en un sangriento y racista castigo al pueblo”, mientras que el Comité Nacional de la UCR se despegó de sus socios y señaló que “las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil”. Al mismo tiempo, la Coalición Cívica afirmó que “las Fuerzas Armadas siempre deben subordinarse a las instituciones del Estado y abstenerse de toda participación que vulnere el orden democrático”. Y el Partido Socialista repudió el estallido boliviano al que calificó de “golpe de Estado cívico-militar, contra un gobierno legítimamente elegido por el pueblo que debía cumplir su mandato constitucional hasta 20/01/2020”. En el caso de Propuesta Republicana (PRO), la fuerza adoptó la misma postura que su líder y evitó un pronunciamiento.
