Según consta en el Boletín Oficial, esa fue la cantidad de renuncias de magistrados que el Poder Ejecutivo aceptó desde el 14 de febrero, cuando el presidente Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso, hasta el 6 de marzo.
En ese período, se aceptaron 17 renuncias a través de los decretos 185 del 27 de febrero; 200 y 202 del 3 de marzo; 220, 221, 222, 223 y 224 del 5 de marzo y 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242 y 243 del 6 de marzo.
No obstante, el oficialismo tiene el camino allanado para convertir el proyecto en ley el próximo jueves en el Senado, donde el Frente de Todos cuenta con una holgada mayoría mientras que Juntos por el Cambio está predispuesto a votar a favor en general, más allá de proponer modificaciones en particular.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en un rápido trámite y el pasado miércoles obtuvo el aval de un plenario de comisiones del Senado, que un día después convocó a sesión especial para el 12 de febrero a las 12:00.
Desde el anuncio del proyecto, las entidades que agrupan a los jueces advirtieron sobre la posibilidad de renuncias masivas porque muchos magistrados ya tienen otorgado el beneficio de la jubilación, dado que cuentan con los aportes y la edad, pero continúan en el cargo hasta los 75 años y adelantarían su retiro para no ser alcanzados por el nuevo régimen.
En el plenario de comisiones del Senado el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, advirtió que «la cantidad de magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos que estarían en condiciones de tomar esa decisión son 350 o 360» y que «si eso ocurre, el 50% del Poder Judicial queda vacante».
Hasta el momento y a menos de una semana de que se sancione la ley, la cantidad de renuncias es bastante menor a ese número, como se desprende de los 17 decreto publicados en el Boletín Oficial.
Mientras que ese sector y parte de la oposición considera que el Gobierno tiene la intención de forzar esas renuncias, los funcionarios encargados de defender la iniciativa lo negaron, al tiempo que criticaron un posible éxodo de magistrados.
«Descarto totalmente que este régimen jubilatorio tenga alguna vocación de expulsar jueces», señaló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ante el Senado, tras subrayar que el proyecto «mantiene el 82% móvil» y solo cambia el promedio de haberes sobre el que se calcula.
En este sentido, el funcionario remarcó que «si esto expulsa a un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad».
Debido a que el proyecto eleva los aportes que deben realizar los jueces al sistema previsional, el ministro señaló que «no se pretende que con su aporte financien al resto de los beneficiarios del sistema, sino que requieran menos del resto de los beneficiarios del sistema».
El ministro explicó que «el 5% de beneficiarios» del sistema «de los sectores más altos consumía el 25% de los recursos» y que, en ese 5% están los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.
