El Frente de Todos incluyó en el proyecto de la reforma judicial que se debatirá la semana próxima en el Senado una cláusula que exhorta a los jueces a denunciar «en forma inmediata» supuestas presiones «de los poderes mediáticos» que reciban en el ejercicio de sus funciones.
Se trata de un cambio clave introducido por el oficialismo en la Cámara alta en el texto original enviado por el presidente Alberto Fernández.
La modificación, propuesta por el senador Oscar Parrilli a comienzos de mes, consiste en agregar la palabra «mediático» al artículo 72 inciso E de la iniciativa.
Ese apartado establece que los jueces deben «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo».
En su versión original, este artículo mencionaba únicamente a «poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole».
El cambio introducido en el dictamen por el kirchnerismo despertó críticas una vez que se dio a conocer ya que dejaría abierta la posibilidad de incriminar en forma directa a medios de comunicación en denuncias judiciales.
El jueves por la noche se conocieron los detalles del texto que será sometido a debate la próxima semana en el Senado, donde se espera que obtenga aprobación.
El artículo 72 del dictamen del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales dice: «Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada».
Al enumerarse en el texto esas reglas, en el inciso E figura que los magistrados tendrán la obligación de denunciar supuestas presiones de «poderes mediáticos».
En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo la palabra «mediáticos» no figuraba.
Sin embargo, en el debate de las comisiones, en la Cámara alta, Parrilli pidió incluir en el texto a los presuntos «poderes mediáticos», en su intervención del 4 de agosto pasado, día en el que expuso la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
«Si bien habla de amistades o grupos de presión, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos», dijo Parrilli, sobre el inciso E.
«Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, desprestigiar y denigrar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa», agregó el senador kirchnerista durante su exposición virtual. Y completó diciendo ese día: «Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos».
El dictamen de la reforma judicial ingresó a Mesa de Entradas este jueves alrededor de las 23:00 con las firmas de los senadores: María de los Ángeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Claudia Ledesma, Carlos Espínola, Nancy González, Sergio Leavy, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Juan Mario Pais, Ana Almirón, Mariano Recalde, Edgardo Kuider y Antonio Rodas, además del propio Parrilli.
Este viernes, en declaraciones radiales Parrilli defendió la incorporación del término al proyecto original al sostener que «los medios de comunicación quieren que la ciudadanía naturalice que ellos presionan a los jueces». En esa acusación, aseguró que «lo que les molesta de la Reforma Judicial es que se sepa que los jueces tiene presiones de los medios de comunicación. Nadie puede negar eso».
Otros cambios efectuados al proyecto original
El dictamen de mayoría que avanza en la reforma del Poder Judicial introduce modificaciones al proyecto original, acordadas por los senadores tras escuchar a 50 especialistas en cinco audiencias de debate, se informó oficialmente. Principales cambios:
1. Modificaciones en torno al sorteo de la causas: Se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Así se evitará que «siempre» sean para los mismos jueces.
2. Regla democrática de selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas y se garantiza la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
3. Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.
4. Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.
5. Proceso acusatorio: La Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.
6. Se crean nuevas Cámaras de Apelaciones y sus respectivos distritos judiciales. Lo mismo respecto a defensores oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.
7. Régimen Penal Juvenil: Se avanzará con un proyecto de ley para no discriminar y dotar a la Justicia Federal del interior del país como a CABA de la especialidad que la Convención de los Derechos del Niño exige para los conflictos de los niños, niñas y adolescentes con el sistema penal.
