Los tres detenidos por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner esperarán el inicio del juicio oral en la cárcel y en esa condición podrían permanecer a lo largo de los próximos 20 años.
Así se desprende de la combinación de las últimas resoluciones judiciales y de la pena en expectativa por el delito que se les imputa.
Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó la bala que no salió; Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice, y Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «Los Copitos», son los únicos imputados por el intento de magnicidio.
Ninguna de las otras líneas de investigación propuestas por la querella –a cargo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal- fue aceptada por la jueza instructora, María Eugenia Capuchetti.
Sabag Montiel asegura que actuó solo, que no conoce a Carrizo y que Uliarte no tiene nada que ver con el ataque a la vicepresidenta.
La querella no le cree y pidió en el último año infinidad de medidas de prueba, sin demasiado éxito.
El fiscal Carlos Rívolo aceptó tardíamente un pedido de los abogados de Cristina Kirchner para que sea secuestrado el teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, a quien un testigo afirma haber escuchado pronunciar antes del intento de asesinato la frase «cuando la maten yo estoy camino a la costa».
Milman negó esa situación, pero una de sus secretarias contó que fue llevada a unas oficinas en la Avenida de Mayo, donde tiene su sede una asociación civil vinculada con la candidata presidencial Patricia Bullrich, para borrar su teléfono. Y Milman estaba allí para lo mismo.
El teléfono fue entregado por Milman pero objeciones judiciales y trabas burocráticas aun impiden su análisis y evaluación. Del resto de los planteos, ninguno prosperó.
El principal fue el pedido de unificar la investigación por el intento de magnicidio con la causa en la que se investigan las actividades de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal.
Sistemáticamente fueron rechazados los pedidos para investigar conjuntamente ambos episodios porque tanto la jueza Capuchetti cuanto la Cámara Federal consideran que no hay relación entre uno y otro expediente.
La querella presentó una línea de tiempo en la que mostró que cada vez que el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibía pagos para trabajos de gran magnitud que su pequeña carpintería no podía afrontar per sé y debía tercerizar para amueblar un edificio en Vaca Muerta, días después había una actividad violenta de la agrupación.
Esos pagos provenían de la empresa Caputo Hermanos, través de un rocambolesco vínculo de una de las integrantes de la familia del ex funcionario de Juntos por el Cambio Luis «Toto» Caputo con el propio Morel.
Sabag Montiel continúa, a disgusto, con la defensa oficial de Juan Martín Hermida, a quien descalificó en una carta manuscrita que envió al tribunal; Brenda Uliarte contrató al ex acusado por la voladura de la AMIA Carlos Telleldín y bajo su defensa prometió hablar cuando se realice el juicio oral.
El jefe de «Los Copitos», Carrizo, tiene desde el primer día la defensa del penalista Gastón Marano y consiguió la calificación legal más leve de los tres: partícipe secundario del intento de magnicidio, una figura que aún en caso de condena sería sensiblemente menor a la de sus consortes de causa.
Las penas para Sabag Montiel y Uriarte (según el cálculo que siga el tribunal, de acuerdo con doctrina y jurisprudencia despareja) podría trepar hasta los 25 años de cárcel; Carrizo, en cambio, tiene una expectativa menor en caso de condena: un máximo de 15.
Tras los rechazos a los pedidos de excarcelación o atenuación de la prisión preventiva, los tres aguardan que el Tribunal Oral Federal número seis fije la fecha del debate.
El tribunal oral tiene tres jueces subrogantes, que se rotan y varían periódicamente, de modo tal que la fecha de realización del juicio es incierta.
La investigación sigue abierta y, en lo formal, el fiscal Rívolo –en quien la jueza Capuchetti delegó la pesquisa- continúa produciendo prueba para determinar si detrás de los tres supuestos autores del intento de homicidio hay algo más.
Sin embargo, parece difícil que ese camino conduzca a alguna novedad significativa, máxime cuando se han rechazado planteos de entrecruzamientos telefónicos, llamados a indagatorias y la profundización de eventuales vínculos políticos de los imputados.
Tampoco se ha profundizado en la investigación sobre las omisiones de seguridad en torno a la vicepresidenta, que permitieron que en un escenario público, plagado de adherentes a su idea política, un hombre colocara un arma a diez centímetros de su cabeza y gatillara.
La querella mira hacia la Policía de la Ciudad, pero el abogado Gregorio Dalbón (quien asiste a Cristina Kirchner en otras causas) también desconfía de la Policía Federal.
Cabos sueltos que parecen destinados a permanecer así, cuando se cumple el primer aniversario de un episodio que pudo poner (aún más) patas para arriba la escena política y social en la Argentina.
