El titular de la DGI, Andrés Vázquez, designó como colaboradores en el organismo a personas que trabajaron con él en la Regional Sur Metropolitana, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. Los flamantes funcionarios fueron apuntados en los expedientes judiciales conocidos mediáticamente como “Vialidad” y “la ruta del dinero K”, donde quedó asentada la protección que estas personas habían desplegado sobre dichas empresas.
Esto fue expuesto por escrito por el fiscal federal Gerardo Pollicita y su colega Diego Luciani. Este último lo expuso en su alegato oral, cuando aludió de manera específica a lo que ocurrió en la Regional Sur, cuando se expidió en la causa que terminó por condenar a Cristina Kirchner, Báez y otros acusados. Los nombramientos cuestionados de los cincos miembros del equipo que Vázquez eligió, se debió a que él montó el mismo grupo en la Regional Sur, en la cúspide de la DGI.
Los nombrados son Mariano Mengochea como un subdirector general de Operaciones Metropolitanas; Marcelo Laffont, subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde también se designó a la esposa de Mengochea, Cynthia Galzerano. También ascendió, desde Regional Sur, Claudio Ernesto Castagnola quien, en los tiempos de Vázquez al frente de aquella dirección, figuró como adjunto en la División de Fiscalización, que lideraba Raúl Bonacorsi, ya jubilado. Ahora, el abogado y contador Castagnola, cuyo último cargo fue de “supervisor de fiscalización e investigación”, pasó a ser Director de Control en Grandes Nacionales.
