La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta tarde en comisión una reforma de la Ley de Alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.
La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.
Para lograr ese objetivo, Massa firmó el viernes pasado la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuáles 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.
El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en funcionamiento el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.
También se determinó que la discusión se lleve adelante sólo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.
En el encuentro del hoy se establecerá el cronograma de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso en base a los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas, luego de agotar el debate tras escuchar a las asociaciones de inquilinos y propietarios.
Cabe recordar que la ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
Ya a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
En cambio, los legisladores mantendrán los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
