Claudio Barrelier, el principal acusado por el brutal asesinato de la adolescente Agostina Vega, recibió fondos públicos por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba a fines de 2025. Según una investigación de Ruido, percibió al menos dos subsidios de 120 mil pesos cada uno en los meses de noviembre y diciembre de ese año.
Los fondos fueron otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social bajo el subprograma “Emergencias Sociales y Naturales”. Lo que agrava el hallazgo es que, al momento de recibir estas sumas, Barrelier ya contaba con una imputación por privación ilegítima de la libertad tras un violento episodio ocurrido en mayo de 2025, donde una mujer logró escapar de su casa maniatada y semidesnuda.
Además, el acusado percibía estos subsidios de la Provincia mientras trabajaba simultáneamente como “becario” en la Municipalidad de Córdoba, puesto al que ingresó por recomendación política sin haber pasado por un concurso.
El acceso a esta información fue posible tras una búsqueda manual realizada por Ruido, luego de los cambios implementados en el Portal de Transparencia de la Provincia el pasado 1 de julio de 2026. Desde el medio señalaron que la nueva configuración del sitio dificultó la consulta, ya que eliminó el buscador por nombre de beneficiario y lo reemplazó por un sistema de búsqueda únicamente mediante números de CUIT.
Barrelier se encuentra hoy detenido por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, quien desapareció el 23 de mayo de 2026 tras ingresar a la vivienda del acusado en barrio Cofico. El cuerpo de la joven fue hallado días después descuartizado en un descampado, lo que generó fuertes críticas hacia la Justicia y la Policía por las demoras en la investigación y la falta de control sobre los antecedentes del sospechoso.
La explicación del Ministerio
Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que el subsidio fue solicitado por Barrelier a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y que el trámite se desarrolló de manera remota, siguiendo el procedimiento habitual para este tipo de asistencias. Según explicaron, antes de otorgar el beneficio se aplican controles técnicos y sociales para verificar si el solicitante reúne las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Uno de esos requisitos fue la presentación de la Certificación Negativa de ANSES, documento que acreditaba que Barrelier no tenía empleo formal registrado ni percibía otros beneficios nacionales al momento de realizar la solicitud.
Además, el expediente incluyó una evaluación presencial. Una trabajadora social realizó una entrevista y elaboró un informe sobre la situación socioeconómica del solicitante, instancia que forma parte del procedimiento habitual para este tipo de subsidios.
Ante los cuestionamientos por el otorgamiento del beneficio a una persona que ya tenía una imputación penal, desde la cartera provincial señalaron que el proceso se ajustó a los criterios vigentes. «Solo cuando se cumplen los requisitos establecidos y las evaluaciones técnicas y sociales resultan favorables, se dispone el otorgamiento del beneficio», indicaron desde el Ministerio.
Asimismo, remarcaron que los pagos fueron realizados mediante los mecanismos oficiales y que los registros se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia de la Provincia.
