El gobierno provincial decidió poner fin a la gratuidad de las falsas alarmas que afectan actualmente al sistema educativo. A través de una nueva resolución del ministerio de Seguridad, se oficializó un protocolo que obliga a los responsables de amenazas de tiroteos o explosivos en escuelas a pagar el costo total de los operativos de seguridad desplegados.
Sanciones económicas por intimidación pública
La medida establece que, una vez que la Justicia identifique e impute a los autores de estas falsas alarmas —generalmente menores de edad—, el Estado cuantificará los recursos humanos y materiales utilizados. El reclamo económico recaerá directamente sobre los padres o adultos responsables de los implicados.
Este recupero de gastos abarca desde el combustible de los patrulleros hasta las horas de servicio de las brigadas de explosivos, bomberos y el personal de investigaciones. Según la resolución, si no se efectúa el pago tras la intimación, la Provincia avanzará con acciones judiciales para garantizar el reembolso.
El costo de la distracción policial
El eje de la resolución ministerial radica en la optimización de los recursos públicos. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, fue tajante respecto al perjuicio que estas conductas provocan a la seguridad ciudadana:
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia”, enfatizó el funcionario.
Para el Ministerio, estas situaciones no deben ser tratadas como simples bromas estudiantiles, ya que implican un despliegue técnico y tecnológico que desguarnece otras zonas de la provincia.
Tolerancia cero y entorno seguro
El protocolo se ejecutará de manera coordinada entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba. La iniciativa busca desalentar las conductas de intimidación pública que, en el último tiempo, han generado angustia y alteraciones en el calendario escolar de diversas instituciones cordobesas.
“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, concluyó Quinteros.
Con esta política, la Provincia ratifica su compromiso con la seguridad en los entornos educativos y advierte que la «tolerancia cero» se traducirá ahora en un impacto directo al bolsillo de quienes infrinjan la norma.
