La Legislatura de Córdoba tomó estado parlamentario de un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que explique el otorgamiento de dos subsidios provinciales a Claudio Gabriel Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de 2026.
La iniciativa, impulsada por el bloque Frente Cívico de Córdoba, solicita que el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a cargo de Marcos Torres Lima, responda en un plazo de 10 días, conforme al artículo 102 de la Constitución provincial.
Qué información reclama la oposición
El proyecto requiere que el Ejecutivo detalle los criterios socioeconómicos utilizados para aprobar dos subsidios otorgados a Barrelier durante noviembre y diciembre de 2025 a través del subprograma «Emergencias Sociales y Naturales», por un total de 240.000 pesos, y acompañe la documentación respaldatoria.
Además, pide informar si antes de conceder las ayudas se realizaron cruces de datos con organismos nacionales, provinciales o municipales para verificar la situación laboral del beneficiario y si se constató que Barrelier era empleado de la Municipalidad de Córdoba al momento de las liquidaciones.
Otro de los puntos consulta si el Ministerio exige certificados de antecedentes penales o realiza verificaciones con el Poder Judicial y fuerzas de seguridad antes de otorgar subsidios no reintegrables. En ese sentido, solicita explicar por qué no se detectó que Barrelier había sido detenido e imputado en mayo de 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad.
Barrelier recibió dos subsidios de la Provincia mientras estaba imputado en 2025
También solicitan datos sobre todos los subsidios
El pedido de informes no se limita al caso particular. También reclama estadísticas sobre la totalidad de las ayudas económicas, subsidios y aportes no reintegrables otorgados entre 2023 y el primer semestre de 2026.
Entre otros puntos, solicita conocer:
- Cuántos beneficiarios fueron sometidos a controles de antecedentes penales o procesales.
- Cuántos subsidios fueron revocados tras detectarse imputaciones o causas penales.
- Cuántos beneficiarios tenían empleo público provincial o municipal al momento de recibir la asistencia y cuáles fueron los montos percibidos.
- Cuántas personas con procesos penales vigentes recibieron fondos públicos y el total de recursos destinados a esos casos.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, los legisladores vinculan el pedido con el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en mayo de 2026, y sostienen que el caso expuso posibles falencias en los mecanismos de control para el otorgamiento de subsidios provinciales.
Según el texto, Barrelier habría recibido los aportes económicos meses después de haber sido imputado en otra causa penal y mientras mantenía una relación laboral con el municipio capitalino.
El proyecto también cuestiona los mecanismos de transparencia en la publicación de información sobre beneficiarios de ayudas estatales y plantea la necesidad de esclarecer si existieron controles suficientes antes de autorizar los desembolsos.
Por tratarse de un pedido de informes, la iniciativa busca que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones y remita la documentación solicitada a la Legislatura para su análisis. No implica, por sí misma, la acreditación de irregularidades administrativas o penales.
