El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles de forma transitoria en la frontera norte del país, en el marco del “Operativo Roca” que busca reforzar la vigilancia en la zona junto a la Gendarmería. Se trata de una resolución reservada emitida por el ministro de Defensa, Luis Petri, sin pasar por el Congreso de la Nación para modificar la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
La medida tiene un carácter secreto y no fue publicada en el Boletín Oficial, pero está en las “órdenes reservadas” emitidas por Petri en el operativo citado, que busca reforzar la vigilancia y el control en las fronteras, tanto terrestre, fluvial como aeroespacial, según informó la cartera de Defensa. En total participarían unos 10.000 militares, que se irán rotando en grupos de 1.300 soldados.
“La medida no es controversial, es ilegal”, planteó Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y exministro de Defensa, quien consideró que “ahora sabemos porqué Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”, advirtió.
El presidente de la comisión de Defensa, Ricardo López Murphy, ratificó que las Fuerzas Armadas “no tienen protección jurídica suficiente” si aplican la orden de Petri “ya que la Ley de Seguridad Interior impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones”.
“Este es un caso en donde claramente entran en conflicto las leyes vigentes con la posibilidad que los hombres de las Fuerzas Armadas procedan al arresto de personas en una función claramente policial”, ratificó el ex ministro del área Horacio Jaunarena.
Ante las críticas, Petri salió a afirmar en un mensaje en X que “la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”. “Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”, completó.
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