El Senado de la Nación abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno que propone cambios sustanciales en el abordaje de los trastornos mentales, los consumos problemáticos y los criterios de internación.
La discusión se llevará adelante en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, que se constituirá a las 16.30. En ese marco, se designarán autoridades para el tratamiento del expediente, entre ellas la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta y la presidenta de Legislación General, la senadora libertaria neuquina Nadia Márquez.
El proyecto establece como uno de sus ejes principales la incorporación de las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. En ese sentido, plantea que el consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales, debe ser abordado de manera integral, respetando las particularidades de cada persona y etapa del consumo, y garantizando derechos y garantías en el acceso al sistema de salud.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la modificación de los criterios de internación. La propuesta habilita las internaciones no voluntarias bajo determinadas condiciones, algo que en la ley vigente se encuentra fuertemente restringido. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorpora la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Según el texto, la internación seguirá siendo un recurso terapéutico excepcional y solo podrá aplicarse cuando represente mayores beneficios que otras alternativas de tratamiento en el entorno familiar o comunitario. El proyecto también establece la obligatoriedad de informar al Poder Judicial dentro de las 24 horas en los casos de internación involuntaria debidamente fundamentada, y remitir la documentación completa en un plazo de 48 horas.
Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento del rol médico dentro del sistema de salud mental. La iniciativa prevé la participación obligatoria de médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios y otorga mayor peso a la evaluación clínica en decisiones vinculadas al diagnóstico, tratamiento e internación.
Además, se mantiene el enfoque interdisciplinario en la atención, aunque con mayor centralidad del criterio médico en situaciones críticas.
El proyecto también dispone que debe promoverse el mantenimiento de vínculos de las personas internadas con su entorno familiar, social y laboral, salvo excepciones debidamente justificadas por el equipo de salud.
La iniciativa genera apoyo en sectores de familiares de personas con consumos problemáticos, que sostienen que la normativa vigente presenta limitaciones en la atención de casos severos. En contraposición, es cuestionada por espacios del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de garantías.
