El Ministerio de Justicia de la Nación puso en marcha dos nuevos programas destinados a actualizar la política criminal frente a los delitos informáticos y a organizar la aplicación del régimen de responsabilidad penal juvenil. Las medidas quedaron formalizadas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
Una de las iniciativas es el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), creado mediante la Resolución 483/2026. El programa dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal y tendrá como coordinador al asesor Mariano Tomás Rivas, quien desempeñará la función ad honorem.
El nuevo esquema contempla distintas líneas de trabajo vinculadas con la obtención, preservación y análisis de evidencia digital, la ciberseguridad en investigaciones criminales y el seguimiento de delitos relacionados con activos virtuales. También incorpora como eje el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes en las nuevas modalidades delictivas.
Según establece la resolución, el avance de estas tecnologías genera nuevos desafíos para la investigación penal, tanto por su utilización para facilitar o cometer delitos como por las posibilidades que ofrecen para mejorar las tareas de investigación.
El PRONACIB podrá convocar mesas de trabajo con organismos estatales, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y representantes del sector privado. Además, deberá contemplar las disposiciones de la Ley 25.326 sobre protección de datos personales y fortalecer la articulación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería, en el marco de los mecanismos de cooperación establecidos por el Convenio de Budapest.
La nueva estructura reemplaza al anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, creado mediante resoluciones de 2016. También deja sin efecto la mesa de trabajo sobre ciberdelito establecida en 2024.
Régimen penal juvenil
En paralelo, la Resolución 484/2026 estableció el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. El objetivo será organizar y coordinar las tareas vinculadas con la aplicación de la Ley 27.801, que modificó el sistema de responsabilidad penal adolescente. Para conducir el programa fue designada, también ad honorem, la asesora Débora Eliana Di Girolamo.
Entre sus funciones estarán la coordinación de la implementación del régimen en los ámbitos de la Justicia nacional, ordinaria y federal, la capacitación de los distintos actores que intervienen en estos procesos, la elaboración de estadísticas y la articulación con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras dependencias del Poder Ejecutivo.
Uno de los instrumentos previstos es el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La resolución aprobó tanto su reglamento como un Manual del Supervisor Juvenil, que establece pautas para quienes tendrán a su cargo el acompañamiento de adolescentes durante el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia.
El programa también contempla mecanismos de asistencia para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. Para esto, se prevé una articulación con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que podrá intervenir en tareas de orientación, derivación y acceso a servicios, además de facilitar patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.
Finalmente, el Ministerio de Justicia estableció que el programa deberá brindar asistencia al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. También se incorporarán herramientas para monitorear el cumplimiento de las medidas, el funcionamiento de las instituciones y los índices de reincidencia, junto con pautas de reserva para la sección especial del Registro Nacional de Reincidencia.
