La Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal realizó este jueves una reunión extraordinaria en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se abordaron los avances y desafíos de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que introduce el sistema acusatorio en el ámbito federal.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y contó con la participación de jueces de distintas jurisdicciones del país, representantes del Consejo de la Magistratura y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante la jornada, los magistrados compartieron informes y diagnósticos sobre el estado de aplicación del nuevo código en las diferentes regiones, haciendo especial hincapié en la necesidad de unificar criterios estadísticos, mejorar la gestión institucional y coordinar estrategias para una implementación más eficiente y equitativa en todo el territorio nacional.
Entre los jueces presentes estuvieron Javier M. Leal De Ibarra (Comodoro Rivadavia), Mariano R. Lozano (General Roca), Gustavo Castiñeira De Dios (Mendoza), Patricia M. Moltini (Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal), Silvina M. Andalaf Casiello (Rosario) y Roberto Hornos (Penal Económico), entre otros. También participaron magistrados de La Plata, Corrientes, Bahía Blanca, Resistencia y Posadas, mientras que jueces de Salta, Mar del Plata y Córdoba siguieron el encuentro de manera virtual.
Desde el Consejo de la Magistratura, el administrador general Alexis Varady destacó las inversiones que se vienen realizando para adaptar la infraestructura judicial a las nuevas demandas del modelo acusatorio y aseguró que el organismo continuará acompañando el proceso en cada jurisdicción.
El encuentro también permitió repasar experiencias locales en la gestión de audiencias y el funcionamiento de los Colegios de Jueces, así como analizar los principales obstáculos que enfrenta la puesta en marcha del nuevo sistema.
La Junta coincidió en la necesidad de reforzar la articulación institucional y avanzar con pasos concretos para garantizar una implementación homogénea y efectiva del Código Procesal Penal Federal, una reforma clave para modernizar y agilizar el sistema de justicia penal en Argentina.
