El Senado de la Nación Argentina abrirá mañana en comisión el debate del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de modificar el alcance del control estatal en la conformación y funcionamiento de las empresas.
La discusión se realizará en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez, y contará con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar los principales ejes de la iniciativa.
Reforma estructural del régimen societario
El proyecto propone que la Ley General de Sociedades deje de tener un carácter imperativo en numerosos aspectos y pase a ser, en gran medida, supletoria de la voluntad de los socios. En ese esquema, el estatuto de cada empresa adquiriría un rol central en la definición de reglas internas, limitando la intervención de los registros públicos.
Según los fundamentos oficiales, las restricciones administrativas deberán aplicarse de manera excepcional y con interpretación restrictiva, mientras que los registros no podrán dictar resoluciones que excedan lo establecido por la norma.
En la reunión participarán también la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Paula Taddei Farfán, y el Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez.
Empresas automatizadas, IA y nuevas figuras
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de la denominada “Sociedad Automatizada”, un modelo que podría operar mediante algoritmos o inteligencia artificial, reduciendo la necesidad de intervención humana en la operatoria cotidiana.
También se incorporan las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), con estructuras basadas en tokens y registros en tecnología blockchain, lo que abre la puerta a esquemas societarios vinculados a la economía digital.
El texto además habilita la digitalización plena de las sociedades: domicilio electrónico, libros contables digitales, asambleas a distancia, firma digital para la constitución de empresas y la creación de legajos digitales públicos.
Otro punto relevante es la ampliación de los aportes de capital, que podrán incluir bienes, derechos, créditos, activos digitales y prestaciones económicas o tecnológicas, lo que busca adaptar el régimen a la economía de intangibles.
El proyecto también permite que las sociedades pacten cláusulas arbitrales en sus estatutos y hasta sometan controversias a derecho extranjero o comercial internacional, con el objetivo de reducir la dependencia del sistema judicial tradicional.
En paralelo, se habilita la posibilidad de estructuras societarias con objeto amplio, sin obligación de conexidad entre actividades, lo que flexibiliza la organización empresarial.
Polémica paralela por el proyecto de “ecocidio”
En paralelo al debate societario, se abrió una fuerte controversia en el Senado por el proyecto de ley de “ecocidio”, que establece penas de hasta 25 años de prisión por daños ambientales graves.
El texto, que había avanzado con respaldo inicial del oficialismo, quedó bajo revisión luego de que la ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, planteara la intención de retirar firmas del dictamen, una maniobra que generó tensión institucional por su posible contradicción con el reglamento de la Cámara alta.
La iniciativa había sido impulsada en comisión por la senadora Flavia Royón y la legisladora Edith Terenzi, en un contexto de creciente presión de sectores productivos que advierten sobre el impacto de la norma en futuras inversiones.
El artículo 106 del reglamento del Senado establece que los dictámenes de comisión no pueden ser modificados mediante el retiro de firmas una vez ingresados a la Mesa de Entradas, lo que abrió un nuevo foco de conflicto interno.
